(GEI) –“Todas las miradas están puestas en el 8 de diciembre”, dijo el subsecretario General de la Presidencia, Gustavo López. Ese día, posterior al plazo fijado por la Corte Suprema de Justicia para que opere la caducidad de la cautelar que mantiene suspendida la aplicación del artículo 161 de la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, supuestamente los oligopólicos mediáticos deberían ajustarse a derecho.
Este supuesto sería una certeza en un país normal donde el respecto por las instituciones por parte de las personas que las integran, constituiría una regla inquebrantable. Sin embargo, en la Argentina actual, que viene con enorme esfuerzo saliendo de su noche más negra, para los responsables de los grupos oligopólicos mediáticos, el hacer cumplir la ley significa que “el Gobierno avanza para quedarse con Canal 13 y otros medios del Grupo Clarín, incumpliendo un fallo de la Corte Suprema de Justicia”.
Tremenda desfachatez en el tratamiento de la información por parte de este grupo publicada el 27 de julio pasado en su nave insignia, el diario Clarín, donde además advierten que ellos, en todo caso, tomarán el plazo de un año para desinvertir, a partir del próximo 7 de diciembre. Más que una nota, se parece mucho a un parte de guerra.
Argentina año verde
Lo cierto es, que de todos los frentes judiciales que tiene abierto el monopolio mediático y sus aliados, el que menos le preocupa es justamente ajustarse a derecho con el tan mentado artículo 161. Saben que ya no le quedan demasiados recursos (chicanas judiciales) para seguir ganado tiempo, y que tarde o temprano tendrán que hacerlo, si es que antes no llegan a concretar sus designios inconfesables y destituyentes.
La Ley lleva casi tres años de sancionada (10/10/2009), tiempo ganado por el grupo, incluso mayor de lo que esperaban, necesario para consolidar el triunfo opositor de ese año de sus gerentes en el Congreso Nacional, con el frustrado propósito de imponer en 2011, un gobierno compatible con sus intereses.
Lo que si les preocupa, es el avance de la justicia en causas por delitos de Lesa Humanidad, en las que empiezan a desfilar por los tribunales federales, civiles que hasta el momento gozaban de la impunidad con que el sistema los protegía, como son los casos de el responsable civil de la última dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, y el poderoso empresario Pedro Blaquier. Es más, hasta en causas de delitos penales comunes, hasta hace muy poco, era impensado que dos ex presidentes estén siendo juzgados como Fernando de la Rúa, por las coimas en el Senado de la Nación, y Carlos Menen, por el tráfico de armas y la explosión de Rio Tercero; o sindicalistas históricos como José Pedraza, por el crimen de Mariano Ferreyra y Juan José Zanola por su presunta responsabilidad en la mafia de los medicamentos.
Sin apelación
La semana pasada, la Cámara Nacional de Casación Penal, tomó una resolución sobre la causa Papel Prensa, más preocupante para el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, que la que tomó el AFSCA el mes pasado cuando intimó al monopolio mediático por el artículo 161. En dicha causa, en la que también está implicado el Director de La Nación, Bartomé Mitre, más conocido como “Bartolo” entre los editores de diarios que frecuentan Adepa, Casación ordenó a su Sala III que resuelva "sin más trámite" el recurso para definir en qué juzgado debe tramitarse la causa por la venta irregular en dictadura de Papel Prensa.
Este Tribunal, rápidamente deberá definir, si continúa a cargo del juez federal Julián Ercolini, o vuelve a la Justicia de La Plata, donde se tramita la causa por secuestros y torturas a miembros de la familia Gravier durante la dictadura.
Justicia incompetente
En rigor, esta causa viene sufriendo múltiples dilaciones debido a los planteos de incompetencia de algunos jueces; unos porque les quema en las manos, otros por funcionales a la estrategia del monopolio, que no es otra que dilatarla todo lo que se pueda, con la esperanza, en un nuevo intento, de llevar a la presidencia en 2015, a algunos de los dos candidatos opositores al modelo con mayores posibilidades, sus protegidos mediáticos, el actual gobernador bonaerense Daniel Scioli o el jefe del Gobierno porteño, Mauricio Macri.
De otra manera no se entiende el largo camino recorrido desde que la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, luego de publicado el informe “Papel Prensa, la verdad”, se presentó como querellante ante la justicia en 2010, siendo sorteado en la oportunidad, el Juez Federal de La Plata, Arnaldo Corazza, quien luego de analizarla durante año, en mayo de 2011, se declaró incompetente y la giró a la justicia Federal de Capital, recayendo en el juzgado del juez Daniel Rafecas.
Más dilaciones
Las apelaciones por parte del monopolio siguieron para que vuelva a La Plata, hasta que la Cámara Federal porteña resolvió en diciembre de 2011 que se haga cargo el Juez Federal de Capital, Julián Ercolini.
A pesar que este juez, aparentemente era el más “benigno” que el monopolio podía esperar que le tocara en suerte, -en 2007 había fallado a favor en una causa en la que se cuestionaba la fusión de Multicanal con Cablevisión, Maqnetto siguió apelando.
Según “Mercado y Transparencia”, una entidad sin fines de lucro que tiene por objeto promover la Transparencia en el ámbito de la Economía y del Derecho, en dicha causa, “la actuación del juez (Ercolini) redundó en un notable apoyo a la escalada de Clarín en la concentración de medios. Al momento de designar un perito, el juez ignoró la lista de peritos oficiales que la Corte Suprema lleva a esos efectos y designó a otro que curiosamente resultó favorable a Clarín” (ver http://mercado-dinero.com.ar/noticia/el-juez-ercolini-y-sus-favores-clar%C3%ADn).
La decisión de Casación respecto de la competencia jurisdiccional final del caso, tendrá consecuencias inmediatas no deseadas por el monopolio. El juez que finalmente se haga cargo, lo primero que debería resolver, es un pedido pendiente de la querella, para que llame a indagatoria a Magnetto y Mitre, entre otros imputados en la causa, algo totalmente inaceptable para quienes venían gozando de la impunidad en Democracia.
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