(GEI) –El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) fue denunciado por cometer el año pasado 7089 delitos contra los Derechos Humanos en perjuicio de detenidos en cárceles de la provincia de Buenos Aires. Los hechos incluyen varios tipos de tortura (duchas o manguerazos con agua fría, bastonazos en plantas de los pies, aislamiento absoluto durante meses, golpes en todo el cuerpo) y distintos apremios y vejaciones, como falta de atención médica, afectación del vínculo familiar, pésima alimentación, y abuso contra mujeres y minorías sexuales.
Casi la mitad de esas situaciones se registraron en las Unidades Penales 1, 2, 9, 15, 17 y 28, que como en el resto del escenario provincial, soportan una superpoblación carcelaria que supera el 50 por ciento. De los 28 mil detenidos que la provincia deposita en sus 60 unidades, el 62% registra prisión preventiva. Es decir, personas aún sin condena.
Los detenidos fallecidos durante el año pasado fueron 126, por distintas causas. Y 5164 padecieron lesiones por hechos de represión a cargo de personal penitenciario. Los datos corresponden a un informe de más de 300 páginas elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
Vivir encerrados
En la mayoría de las celdas de la provincia, donde debería haber una persona, hay dos. La letrina se encuentra dentro del cubículo, sin separación. Y a eso se suma el cableado eléctrico suelto por las paredes, la falta de calefacción, restricciones en el acceso al agua potable (limitada a ciertos horarios en el día), y prohibición en muchas unidades a salir al patio general los sábados y domingos.
La provincia destina al sistema penitenciario 6809 pesos mensuales por cada persona detenida. Con este monto debe brindar seguridad (gastos de personal), alimentación, medicamentos, elementos de higiene y limpieza a los 28 mil detenidos alojados en los 60 establecimientos penitenciarios del territorio.
La comisión explica que "cerca del 82% se utiliza para pago de salarios y mantenimiento", y un 18% se gira para comida, limpieza y medicamentos. "Gran parte de estas partidas se pierden en los circuitos de corrupción que están ligados a las inhumanas condiciones de detención y malos tratos o torturas que padecen los detenidos."
Algunos de los reclusos "trabajan" dentro de las unidades. El salario diario, según un extraño escalafón impuesto por el Ministerio de Seguridad, establece un jornal de $ 1,24 para el peón, $ 1,42 para el medio oficial y $ 1,61 para el oficial.
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