La salida de Silvina Gvirtz de Educación, que fue precedida por el ingreso de Jorge Telerman en Cultura y se completó con el nuevo “ascenso” para Eduardo Camaño a la Secretaría General, dan por resultado, en principio, un gabinete con un mayores posibilidades de juego político, más apto que el que diseñó Scioli tras las elecciones para enfrentar el tiempo político-electoral que, adelantado, ya se instaló. Internamente, confirma al jefe de Gabinete, Alberto Pérez, como el “kingmaker” del gobierno.
El portazo de Gvirtz se produjo luego de que el gobernador habilitó una virtual intervención de su cartera, molesto porque la funcionaria, que nunca se plegó a ninguna movida política a favor de Scioli y dio a La Cámpora y al vice Gabriel Mariotto amplia influencia en su gestión (que incluyó un importante número de cargos), se negaba a aplicar un esquema de recorte del gasto que para ella constituyen un ajuste y para el resto del gabinete, una manera de acomodar desmanejos administrativos.
Más allá de las opiniones cruzadas, hasta ahora hay pocos elementos para determinar quién tiene razón: es cierto que aunque se trata de un problema de vieja data, el foco sobre el ausentismo docente se pone justo en momentos en que el Gobierno necesita conseguir, con urgencia, fondos suplementarios. Pero también hay que atender el argumento del Gobierno: es tardío porque, en tiempo de escasez, la necesidad tiene cara de virtud y permite asumir “peleas” con los gremios que en tiempos normales nadie quiere dar.
Claro que la explicación oficial funciona siempre y cuando los recortes se apliquen a casos que estén justificados. Los gremios aducen, con razón, que el trabajo en las escuelas, que en muchos casos siguen funcionando como ámbitos de contención social, produce un fuerte desgaste. Pero el Ejecutivo tiene en sus manos un informe que habla de fuertes irregularidades en el otorgamiento de esos permisos, el cual da cuenta de una trama de corrupción enquistada en el sistema y donde figuran implicados con nombre y apellido.
Lo cierto es que Scioli está dispuesto a no dar marcha atrás con el reforzamiento de los controles, lo que una vez más demuestra que prefiere tensionar la cuerda ahora con los gremios y pagar el costo político consiguiente, si eso le permite evitar un nuevo pedido de rescate a Nación para pagar el medio aguinaldo de fin de año, porque intuye que eso podría provocar una nueva crisis, que esta vez podría ser terminal para su aspiración inmediata: llegar al momento de la negociación de las listas con el menor desgaste posible.
Esa decisión, que el perfil de la reemplazante de Gvirtz, la senadora Nora De Lucía, ex segunda de Alejandro Arlía en Economía, confirma, se da en paralelo al análisis de un nuevo paquete impositivo (aumento en Ingresos Brutos a los bingos, en Inmobiliario Urbano a countries, posiblemente en sellos a pooles de siembra), que el Ejecutivo quiere aplicar en el último tramo de este año. El intento de “blindaje” podría tener otro efecto: llevar a un hombre propio a la Fiscalía de Estado.
Para ese cargo vitalicio, Scioli negocia por dos hombre alineados con él: el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal y el ex senador Federico Scarabino, los dos mal vistos en la Casa Rosada. Para el primero de ellos, sería una salida elegante a un destino que siempre ambicionó y en momentos en que el kirchnerismo se prepara a renovar los cuestionamientos a su gestión, esta vez sobre la base del informe parlamentario sobre la investigación del secuestro y asesinato de Candela Rodríguez.
Si alguna de esas opciones prospera (la de Casal incluye, en la intención de algunos sicolistas, un pacto con la Casa Rosada para dividir Justicia y Seguridad y alinear su manejo de acuerdo con algunos de los pedidos de Nación en la materia, lo que hasta podría incluir el nombre de su conductor), será otro organismo de control que queda en manos de un oficialista: el reemplazo del radical Ricardo Szelagowski por un oficialista se sumaría así a la designación como Defensor del Pueblo de Carlos Bonicatto. (DIB)
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