Hasta ahora, la relación entre el gobierno nacional y provincial era de permanente tensión por las declaraciones y encuentros que Scioli recurrentemente mantiene con dirigentes políticos y gremiales opositores al kirchnerismo, pero siempre dentro de los carriles que el juego político democrático admite, y a pesar de su óptima relación con el monopolio mediático, principal aliado del poder económico concentrado, que desde el mismo momento que Cristina asumió su primer mandato en 2007, busca en vano destituir.
Sin embargo, la falta de fondos para pagar el aguinaldo a los trabajadores del Estado provincial, no responde a ninguna deuda que mantenga el Estado nacional con la provincia de Buenos Aires por coparticipación o cualquier otro concepto, sino a la imprevisión del mandatario bonaerense, que se desprende del propio presupuesto provincial.
En efecto, cuando Scioli envió el proyecto de presupuesto a la Legislatura, lo hizo en base a dos supuestos: el primero que no iban a variar las condiciones de las fuentes de financiación internacionales, para seguir endeudando a la provincia; el otro supuesto fue que, si la crisis global no permitía lo primero, como era obvio que iba a ocurrir, el gobierno nacional lo iba a seguir auxiliando como lo vino haciendo los últimos cuatro años.
“No vamos a financiar su campaña a presidente”, dicen desde el kirchnerismo, luego de girarle mil, de los dos mil quinientos millones que necesita para pagar los aguinaldos.
La madre de todas las batallas vuelve a reeditarse en la provincia de Buenos Aires, ahora en su nueva versión, con el proyecto “Daniel Scioli 2015” confrontando con el proyecto que inició Néstor Kirchner en 2003, que hoy, contra viento y marea, y a pesar de la agorera cadena nacional opositora, profundiza la presidenta de la Nación.
Por los proyectos en juego, la actual versión, es casi un espejo de la que protagonizaron Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde en 2004/2005, cuando el patagónico truncó las aspiraciones del hasta entonces jefe político del mayor distrito del país, haciendo jugar a la dama en el complejo tablero bonaerense. Fue así que Cristina Fernández de Kirchner, obtuvo más de tres millones de votos (40,66%) en las elecciones de octubre de 2005 para senadores nacionales, ganándole por amplio margen (más del 22%) a Hilda Beatriz González (Chiche Duhalde), que obtuvo un millón 300 mil votos (18,15%).
Solución popular
Claro, las elecciones de ese año significaron la solución de la dura pelea que empezó ni bien arrancó 2004, cuando el ex presidente provisional comenzó a perder influencia en el gabinete de Kirchner, sobre todo a partir de las diferencias que empezaron a darse con su ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien terminó eyectado del gobierno a fines de 2005, resolviéndose así la disputa de proyectos, con un gabinete homogéneo, lejos de las influencia del ex gobernador.
Si bien la “batalla” que hoy se da en la provincia respecto de aquella tiene contextos diferentes, el fin es el mismo (alinear la provincia de Buenos Aires, con el proyecto nacional), pero por cierto, la actual es mucho más complicada, por las características que la revisten, y para su solución ya ni siquiera alcanzan los casi doce millones (54 %) de votos que sacó Cristina hace apenas ocho meses.
Claro que el objetivo no incluye “forzar la renuncia del gobernador”, como algunos anti sciolistas especularon horas antes cuando se anunció la conferencia de prensa que dio el domingo 8 de julio pasado. “Al otro día de asumir Mariotto, la bonaerense le tiraría un muerto” para marcarle la cancha, dicen desde el Frente para la Victoria bonaerense descartando esa hipótesis.
El gran restaurador
El principal problema que señalan desde el kirchnerismo, no es Scioli en sí mismo, sino la protección mediática de la que goza por parte de los medios concentrados, que lo cuidan como la “esperanza blanca” del establishment.
“En los cuatro años y medio que lleva gobernando la provincia no ha producido ningún cambio destacable”, y enumeran los problemas sin resolver que tienen los bonaerenses desde hace muchos años: inseguridad, déficit presupuestario, baja carga impositiva para los que más tienen, por nombrar los más notorios, y por los cuales, debido a esa protección, “Scioli no paga ningún costo político”, dicen sus detractores.
Descartado el jefe de Gobierno porteño -por lo complicado de su situación procesal-, como el candidato natural del proyecto neoliberal restaurador, el temor de los que defienden el actual modelo, es que a partir de 2015, Scioli sea el instrumento para restablecer “las políticas neoliberales y termine de un plumazo con los juicios y las condenas por los delitos de Lesa Humanidad cometidos durante la Dictadura Cívico Militar”.
Las razones del establishment
Los juicios por los delitos cometidos durante la dictadura, ahora entran en una fase en la que se comienza a juzgar a los civiles partícipes del genocidio ocurrido en la argentina entre 1975 y 1983, período en el cual, la “Unidad de Investigación de Delitos de Lesa Humanidad con motivación económica”, investiga la participación de las empresas en la instauración de la represión ilegal. Esta unidad, también lleva registradas hasta el momento 604 empresas apropiadas durante el accionar represivo.
Los casos más emblemáticos son los siguientes:
- Martinez de Hoz acaba de tener un revés en la justicia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió declarar improcedente el recurso extraordinario presentado por su defensa, en el marco de la causa en la que se lo procesó con prisión preventiva por el secuestro extorsivo de los empresarios textiles Federico y Miguel Guthein, ocurrido durante el último gobierno militar y declarado delito de lesa humanidad.
- Carlos Pedro Blaquier, dueño del Grupo Ledesma, otro civil de peso que debe comparecer en el primer juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad en Jujuy, por “la complicidad de esa compañía en buena parte de los crímenes investigados”.
- Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre: están abiertos procesos penales contra estos directivos de los diarios Clarín y La Nación, por presuntos delitos, económicos y de Lesa Humanidad: el traspaso de acciones de Papel Prensa, que llevan adelante el Juez Federal de Capital Federal, Julián Ercolini (hoy recusado por la defensa del grupo mediático y a resolución de la Cámara de Casación); y el que se sustancia en los Tribunales Federales de La Plata, en el llamado circuito Camps.
Delitos pos dictadura
- Pero como si fueran pocas las razones del establishment para contar en 2015 con un candidato funcional a sus intereses, ahora se sumó el fallo de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, por el que acepta a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en la causa donde se investigan presuntas operaciones de fuga de divisas que habría realizado el JP Morgan por un monto aproximado de 5 mil millones de dólares.
En dicha causa, estarían involucrados los principales directivos del Grupo Clarín y unos doscientos empresarios y personajes influyentes de nuestro país, que figuran en una nota que publicó el diario Crítica de la Argentina, firmada por su entonces director, y actual periodista ultra opositor al gobierno, Jorge Lanata (Ver: http://www.criticadigital.com/tapaedicion/diario_web_112__.pdf)
La causa, caratulada “N.N. sobre delito de acción pública”, que lleva adelante el Juez Sergio Torres, fue iniciada en junio de 2008 a raíz de la denuncia presentada por Hernán Arbizu, ex vicepresidente de la Banca Privada de JP Morgan -sucursal Nueva York-, quien se autoimputó como integrante de una asociación ilícita dedicada a lavar dinero, evadir impuestos, generar documentación falsa, entre otra serie de delitos. Ahora, con el fallo de la Cámara, la causa cobrará ritmo después de cuatro años de chicanas judiciales que permitió dicho juez, para que la causa duerma en un estante, a la espera de un gobierno menos molesto.
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