La Acusación pidió 13 años de prisión para Juan Julio Lomanto, 12 para Luis Angel Bono y 11 para Sergio Alberto Rocha por considerarlos coautores de promoción y facilitación de la prostitución de menores y mayores en concurso real por la reiteración de hechos y víctimas (3 menores y 11 mayores), mientras que a Bono también pidió que se le compute el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. En tanto que para Rolando Aquino y Nélida Noemí Valente solicitaron 10 y 11 años de prisión respectivamente por su responsabilidad como partícipes primarios de los delitos mencionados.
Con respecto a Gabriel Romera y Martín Pérez, que prestaban funciones en la Comisaría Primera al momento de los hechos juzgados, la Fiscalía de Juicio solicitó que se los declare penalmente responsables de los delitos de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Solicitó una pena de 4 años de prisión y 6 de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos para Romera y 3 años de prisión y 5 de inhabilitación para Pérez; también solicitó que se lo condene por falsedad ideológica de documento público reiterada.
En el caso de los imputados Darío Fernando Piatti y Ramiro Puig, funcionarios de la Municipalidad a cargo del control de nocturnidad al momento de los hechos, son considerados responsables de los delitos de encubrimiento agravado y omisión de los deberes de funcionario público y la fiscalía solicitó para ambos una pena de 2 años de prisión y 4 de inhabilitación más una multa de 6.000 pesos.
Los defensores
Los abogados de Rolando Aquino, Sergio Alberto Rocha y Martín Pérez desarrollaron los lineamientos de su defensa y en todos los casos solicitaron la absolución de sus clientes.
El defensor oficial José Raimundo y los abogados Darío de Ciervo y Rodolfo Migliaro, representantes de Rolando Aquino, Sergio Alberto Rocha y Martín Pérez, respectivamente, desarrollaron los lineamientos de su defensa y en el caso de los dos primeros cuestionaron, entre otras cosas la declaración de una testigo de identidad reservada.
De Ciervo sostuvo que "no hay elementos suficientes como para responsabilizar a su cliente" -acusado de facilitación y promoción de la prostitución- y consideró que "los indicios que invocó la Fiscalía de Juicio son endebles, no alcanzan para formar lo que se denomina una 'certeza apodíctica' para poder condenar y por eso pedimos la absolución". El abogado de Sergio Alberto Rocha también cuestionó al valor de la prueba incorporada por videoconferencia, porque entiende que "no se respeta a rajatabla el principio de inmediación que sí hay cuando uno mira al testigo personalmente a los ojos".
Por su parte, Rodolfo Migliaro, defensor de Martín Pérez, también solicitó veredicto absolutorio para su cliente en los tres delitos por los cuales es juzgado, al considerar que "con la prueba que se había incorporado por lectura al juicio y las versiones testimoniales, la Fiscalía no había alcanzado el objetivo de probar que mi defendido haya incurrido en los delitos de encubrimiento agravado, falsificación ideológica de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público".
Ante el cuestionamiento de los fiscales sobre una de las actas que Pérez labró en Spartacus antes del allanamiento, el abogado hizo un análisis de las pruebas que se ofrecieron y explicó que ese día no se había encontrado al momento de la inspección dueños o encargadas, sino dos técnicos arreglando una máquina y entonces confeccionó un acta con la presencia de un testigo".
6 de junio
Finalizaron el martes los alegatos del juicio por el caso Spartacus con la exposición de dos abogados que representan a seis de los acusados y se confirmó que la fecha de la lectura del veredicto será el 6 de julio.
La jornada comenzó con la exposición del doctor Rodrigo Cuellar Aliaga, que solicitó la libre absolución de sus clientes, los exfuncionarios municipales Darío Piatti y Ramiro Puig, acusados de encubrimiento agravado y omisión de los deberes de funcionario público.
El representante legal sostuvo que no se ha podido acreditar la materialidad ilícita del hecho, es decir, que el delito efectivamente haya ocurrido, y menos aún de que ellos hayan sido los autores. Consideró además que el acta en la cual se apoyó la Fiscalía de Juicio para efectuar la acusación no era válida.
El abogado agregó además que tampoco se pudo acreditar que haya existido un conocimiento previo que provocara una connivencia, un acuerdo o algún tipo de convenio con los explotadores del local comercial para encubrirlos y facilitarles esa situación frente a las ordenanzas municipales.
En segundo orden desarrolló sus alegatos el doctor Aquilino Giacomelli, que ejerce la defensa de Julio Lomanto, Luis Bono, Nélida Noemí Valente y el excomisario Gustavo Romera.
Con respecto al exfuncionario policial, acusado de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, el defensor solicitó se lo absuelva de la acusación fiscal y en forma subsidiaria, en caso de ser condenado, que la misma lo sea en el mínimo legal y de cumplimiento en suspenso.
El representante legal consideró que "ambos delitos requieren para su configuración, el obrar doloso del autor, cosa que no se ha probado, y menos aún para mi defendido un obrar culposo".
En coincidencia con Rodolfo Migliaro, abogado del otro expolicía acusado, Martín Pérez (subordinado de Romera), Giacomelli manifestó que "el hecho de que Pérez concurrió efectivamente al local para realizar una inspección se corrobora no sólo con las actas de procedimiento, sino también en varios testimonios" y afirmó que "las dos actas confeccionadas son totalmente reales y demuestran la veracidad de los hechos volcados en ellas". (Datos la Opinión)
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