El gobierno de la provincia de Buenos Aires consiguió aprobar las modificaciones impositivas que rechazaban las cámaras patronales del campo. Para lograr el objetivo frustrado las tres semanas anteriores, el gobernador Daniel Scioli debió decretar la actualización del valor fiscal de los campos, eje de la oposición de Carbap, Federación Agraria y Sociedad Rural. Con el revalúo resuelto de esa forma, la oposición en la Cámara de Diputados bajó al recinto y dio quórum para tratar la ley fiscal. El proyecto fue convalidado por 64 votos a 27, con el apoyo del Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro, FAP y PRO Peronismo, salvo en este último caso los legisladores directamente vinculados con el sector rural. Con la media sanción, el proyecto volvió al Senado, donde el FpV posee mayoría, y se terminó de aprobar ayer por la noche. En rechazo a las modificaciones, las cámaras patronales agropecuarias lanzaron un cese de comercialización por nueve días (ver aparte).
El breve decreto 442/2012 que firmaron Scioli y todo su gabinete estableció la actualización del valor fiscal de la tierra. En cuatro artículos, el decreto fijó los nuevos “valores unitarios básicos” de la tierra utilizados para calcular el monto del inmobiliario rural y facultó a la agencia de recaudación, Arba, a implementar los cambios. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, el oficialismo y sus aliados esperaban la presencia de la oposición para tratar el proyecto que, entre otras cosas, modificó la estructura del inmobiliario rural. Los primeros en bajar fueron los legisladores del PRO y FAP, quienes fueron seguidos por el resto de la oposición. La UCR, Unión Celeste y Blanco (De Narváez), la Coalición Cívica, Proyecto bonaerense y Alternativa Peronista votaron en contra.
Además del decreto, el único cambio del proyecto original fue la eliminación del aumento de la alícuota de Ingresos Brutos a las cooperativas comerciales, un reclamo de Nuevo Encuentro. La “reforma” que se aprobó ayer incluye, junto con las modificaciones al impuesto inmobiliario rural, cambios en Ingresos Brutos, sellos, Impuesto Automotor y elimina beneficios fiscales. Así, la provincia estima que recaudará 2400 millones de pesos. A su vez, el proyecto amplió la capacidad de endeudamiento de la provincia en 2000 millones de pesos.
Las modificaciones en el inmobiliario rural fueron rechazadas en la votación en particular por el FAP, la UCR y el resto de la oposición bonaerense. La ley introduce aspectos progresivos en el tributo: quienes concentran más tierra pagan más y quienes poseen los campos más rentables, también. A pesar del lamento de las cámaras patronales, quienes ayer volvieron a provocar incidentes en las inmediaciones de la Legislatura en La Plata, el 62 por ciento de las partidas que hay en la provincia pagarán lo mismo o menos por el Impuesto Inmobiliario Rural. Asimismo, las regiones inundadas o en emergencia agropecuaria están exentas de pagar el tributo. Los cambios en la valuación del patrimonio de los propietarios de los campos los llevarán, en muchos casos, a pagar ganancia mínima presunta y bienes personales a nivel nacional.
Largo camino
El valor fiscal de la tierra en la provincia de Buenos Aires, la cifra utilizada para determinar cuánto se paga por el impuesto inmobiliario rural, está congelado en niveles muy bajos desde los años noventa. Desde el FpV explicaron que esa situación sobrevive como parte de la alianzas estratégicas entre las entidades agropecuarias provinciales, fundamentalmente Carbap, y los distintos gobiernos bonaerenses. Aunque el gobierno de Scioli estaba habilitado por la Legislatura provincial desde fines de 2011 para actualizar el valor fiscal de las tierras –pero no para cambiar la estructura del impuesto–, los cambios se incluyeron en una iniciativa fiscal más amplia que debían votar todos los legisladores. Así, la responsabilidad política de una pelea con las corporaciones agropecuarias era distribuida entre el Ejecutivo y la Legislatura.
La estrategia no prosperó. El 10 de mayo el proyecto avanzó en el Senado bonaerense. Ese mismo día, las cámaras patronales agropecuarias, encabezadas por el titular de Sociedad Rural, Hugo Biolcati, intentaron forzar el ingreso a la Legislatura y lograron frustrar el tratamiento en la Cámara de Diputados. El FpV no pudo construir el quórum necesario ya que la UCR, el Frente Amplio Progresista y el resto de los partidos de la oposición no bajaron al recinto. En ese momento, desde el bloque radical recordaron que el gobernador tenía la capacidad de efectuar el revalúo sin necesidad de una ley. El gobierno nacional, a través del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, hizo el mismo señalamiento.
Después de 15 días de negociaciones, donde el equipo de Scioli buscó alternativas, el ejecutivo bonaerense realizó el revalúo del valor fiscal de las tierras por decreto y, así, habilitó el debate legislativo, donde logró aprobar las distintas modificaciones impositivas y la ampliación de la capacidad de endeudamiento de la provincia. Algunos manifestantes encolumnados con las cámaras agropecuarias arrojaron piedras y la Mesa Agropecuaria provincial lanzó un cese de comercialización desde mañana hasta el domingo 10 de junio.
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