La falta de actualización del valor de la tierra rural es un problema estructural de la provincia de Buenos Aires. De hecho, la única valuación fiscal importante fue en 1955, cuando se llevó adelante el primer catastro. Pero desde entonces diversos grupos de interés han presionado para evitar el revalúo de las tierras.
Al respecto, Salvador Treber recuerda el trágico intento de dos ingenieros del INTA por realizar un catastro ecológico. En 1974, el general Perón decide encargar un revalúo rural de todo el territorio nacional y solicita al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que lleve adelante esta tarea, en el entendimiento de que la justa distribución de la carga tributaria entre todos los habitantes del suelo argentino se puede realizar sólo conociendo el valor real del patrimonio argentino.
Ya durante su primer gobierno, Perón había realizado una gran transformación del sistema tributario: se utilizaron las reformas modernizadoras de la década del ’30 y se las llenó de un profundo contenido social y redistributivo.
Entre 1974 y 1975, los especialistas del INTA lograron efectuar el catastro para las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, y se disponían a avanzar sobre el resto de las provincias cuando se produjo el Golpe de Estado del “Proceso de Reorganización Nacional” que interrumpió el proceso democrático.
Todo el trabajo realizado quedó trunco por órdenes de Martínez de Hoz: se destruyeron los documentos y los dos ingenieros se convirtieron en “desaparecidos”, prueba infausta del poder de unos pocos privilegiados para imponer sus intereses por sobre los de la comunidad.
Lo narrado no constituye un hecho aislado, sino que es reflejo de lo difícil que es enfrentarse a los particularismos. Algunos economistas afirman que los severos quiebres político-institucionales que sufrió nuestro país a lo largo de su historia implicaron el triunfo de los sectores económicos con mayor poder en el país y la destrucción del sistema productivo con equidad social establecido por el general Perón, derrumbando con el eficaz accionar del establishment la progresividad del sistema tributario.
Lamentablemente, los sucesivos contextos históricos han impedido subsanar esta injusticia social y, al no poder actualizar el valor fiscal de las tierras, los gobiernos provinciales han utilizado coeficientes zonales de ajuste que provocan importantes distorsiones al impuesto, eliminando su progresividad. Así es que el mayor peso tributario recae sobre la industria manufacturera, mientras que el sector rural se encuentra entre los sectores que menos aportan al fisco provincial.
Este sector no sólo se beneficia del comercio de granos y carnes a precios ventajosos, sino que experimenta una ganancia patrimonial excepcional producto de la valorización de sus tierras. En diez años, el valor de la tierra en nuestra provincia aumentó en promedio 570%, sin su correlato en la valuación fiscal. En 2011, el Impuesto Inmobiliario Rural representó el 2% de lo recaudado por la provincia de Buenos Aires.
Por eso, buscamos recuperar la progresividad tanto territorial como por tamaño de las propiedades en el Impuesto Inmobiliario Rural. De esta manera, todos podremos, en la medida de lo que es justo y equitativo, contribuir y ser parte del progreso de nuestra provincia.
La reforma del Impuesto Inmobiliario Rural que presentamos no tiene precedentes: por primera vez en la historia se realiza un revalúo completo de la provincia, sin ningún tipo de interferencia y respetando completamente el trabajo técnico de Catastro.
Se desgravan las “mejoras productivas” (silos, galpones, molinos, aguadas, etc.) focalizando el impuesto inmobiliario rural sólo sobre la tierra y beneficiando la actividad productiva, y se disminuye la carga sobre edificación rural eximiendo a las viviendas rurales de menor valuación.
Con esta modificación propuesta, un 62% de partidas (40% en hectáreas) disminuyen de valor respecto a lo que están pagando en la actualidad, lo cual marca y reafirma la necesidad de realizar las modificaciones propuestas.
Esta reforma tributaria es un gran avance hacia una provincia con mayor distribución, equidad y desarrollo. Implica una transformación profunda, que necesita de un esfuerzo colectivo y del consenso social. Ser iniciadores de este cambio es la gran responsabilidad que asumimos como gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Debemos aprender de la historia y retomar aquellos principios que hicieron grande a nuestra Argentina. Esto requiere de un compromiso de solidaridad social e institucional, en procura de extender los beneficios del progreso económico a toda la sociedad.
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