En la nómina de las graves condiciones en las que se prestaba el servicio, Baridó reseñó en un Informe del 15 de mayo último "el deficiente estado de conservación y mantenimiento del material rodantes, del mantenimiento de la infraestrcttura ferroviaria y de las condiciones de prestación del servicio".
A partir de estas comprobaciones y como un modo superior a las sanciones pecuniarias que ya había recibido TBA en el pasado, "cuya finalidad correctiva no pudo generar que la concesionaria modificar su conducta", se decidió la rescisión del Contrato de Concesión.
En el resto de las 25 páginas de los considerandos, el Decreto se ocupa de reflejar el relato oficial sobre los ferrocarriles, comenzando por hechos históricos que se remontan a Juan Domingo Perón, con la nacionalización de los mismos.
Luego se habla de la "declinación" del interés del gobierno militar que desplazó a Perón, del Plan Larkin de "desmantelamiento" de la red, de la tercera presidencia de Perón y de la "política de desarrollo de los ferrocarriles" y de la "política liberal de abandono del servicio" de los militares.
El Decreto luego apunta a caracterizar la "política pública inspirada por el neoliberalismo" de los años '90 hasta desembocar el sistema de concesiones.
Cuando el Decreto aborda el período de Néstor Kirchner, allí se abunda en resaltar lo negativo de la herencia recibida, ya que el gobierno que llegó en 2003 "se encontró con un escenario devastador (sic)".
Luego, se hace un recuento de las inversiones que el Estado comprometió en los ferrocarriles, no sólo de los presupuestos dedicados a obras e infraestructura, sino también a la aplicación de créditos internacionales y al dinero aportado en subsidios para mantener aplanada la tarifa, 13 mil millones de pesos entre 2004 y 2011 girados a los concesionarios.
En este punto, los considerandos explican como funcionó la "política de inclusión social" y justifican el advenimiento del SUBE y la posibilidad de segmentar a los usuarios, con argumentos de eficiencia habituales en otras corrientes de pensamiento económico, que apuntan a subsidiar la demanda: "cuando los subsidios de servicios públicos son dirigidos a las empresas proveedoras y no a las personas se inhiben los objetivos reales de las empresas en cuanto a competitividad, eficiencia y por tanto efectividad en los costos", se afirma.
Por último, el Decreto utiliza cinco carillas para relatar los episodios de violencia y vandalismo que sufren los trenes de todas las líneas y allí se detallan los incendios intencionales, las roturas de vidrios, destrozos en coches y andenes y hasta un controvertido episodio sucedido en José León Suárez, tras el descarrilamiento de un tren, con la muerte de dos jóvenes por parte de la policía bonaerense.
Del accidente de Once, se menciona poco y nada, ya que el Decreto se escuda en que se está "en plena etapa de prueba e investigación". Tampoco los considerandos ahondan sobre las responsabilidades del Estado en cuanto a sus facultades de control, sobre todo en materia de seguimiento de los fondos que se le pagaron a TBA. (DIB)
| 
