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02/05/2012
Opinión

Hacia una Política de Estado en Comunicación


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Por Jorge Déboli, editor periodístico, presidente de Dypra e integrante de Proyecto Copla.. No hay duda para los que ejercemos la vocación de hacer periodismo y bregamos por una Comunicación Democrática en el marco de un proyecto de país, entendemos que la misma constituye una premisa fundamental para garantizar el derecho inalienable a la información de los argentinos, de tal forma que puedan sacar sus propias conclusiones sobre lo que es bueno o no para el desarrollo de la Argentina y el bienestar de su pueblo....


En tal sentido, el Gobierno Nacional que encabeza la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, desde su primer mandato, viene agendando e impulsando temas fundamentales relacionados justamente con la Comunicación, como las leyes 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), y la 26.736 que regula la fabricación y distribución de papel para diario.


No fue menor la respuesta a un viejo reclamo del periodismo argentino la despenalización de las figuras de calumnias e injurias. Esta iniciativa del Ejecutivo, aprobada unánimemente por el Congreso Nacional, mereció el reconocimiento mundial como el del Comité para la Protección de los Periodistas, entidad internacional con sede en Nueva Yok. En nuestro país, unos 150 editores de diarios y periódicos del interior, hicieron lo propio ante la presidenta de la Nación, durante un acto desarrollado en la Casa de Gobierno, el 14 de junio de 2010.


En enero de ese mismo año, el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, firmaba la Resolución 1/2010, mediante la cual disponía que Papel Prensa S. A., vendiera ese insumo al mismo precio que pagaban sus dos principales clientes/accionistas, los diarios Clarín y La Nación.


En abril de 2009, la presidenta anunciaba los Convenios de Cancelación de Pasivos Fiscales, cuya adhesión les permitió a las pequeñas y medianas empresas periodísticas, salir de la condición de morosos y dejar de arrastrar la pesada mochila fiscal que significó el endeudamiento al que recurrieron para financiar su propia subsistencia y la de sus empleados.


Toda una batería de medidas que implicaban señales muy fuertes hacia el establecimiento de una Política de Estado en materia de Comunicación, que incluso hubiese generado la necesidad de elevar al rango de ministerio a la secretaría de Comunicación Pública pero que, por distintas circunstancias, no terminó de plasmarse en los hechos.


Relanzamiento de la Coalición
La Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual lleva dos años y medio de su sanción en el Congreso Nacional y con plena vigencia, tal como lo reconoció oportunamente el máximo Tribunal de la Nación, con la única excepción del artículo 161, no aplicable al grupo monopólico Clarín, dado que está protegido por una medida judicial desde diciembre de 2009.
No obstante, todos sus demás artículos de plena aplicabilidad, aún no han producidos los efectos prácticos que el espíritu de su letra expresa.


Quizás, la pelea con los principales medios opositores al modelo de país que lleva adelante la administración Kirchner desde mayo de 2003, sea lo que insumió la mayor cantidad de energía para contrarrestar sus designios inconfesables de desgastar y hacerlo fracasar al gobierno nacional en su gestión, que objetivamente y por primera vez en 200 años de historia, lleva nueve años consecutivos de crecimiento de su Economía.


Apertura
Justamente, para estimular y colaborar en el desarrollo de políticas que activen la aplicación de la Ley SCA, la Coalición por una Radiodifusión Democrática, disuelta en los hechos luego de su sanción en 2009, y ahora relanzada como Comunicación Democrática debido a la inclusión de la problemática de los medios de comunicación gráficos, emitió un documento que el pasado jueves presentó al Secretario de Comunicación Pública de la Nación, Alfredo Scoccimarro.


La delegación que entrevistó al funcionario, resaltó la importancia de la reunión y la “excelente predisposición y compromiso asumido por Scoccimarro y su gabinete de darle continuidad a estos encuentros en la búsqueda de soluciones a algunos planteos de gestión que la misma Ley dejó abiertos”, es decir, lo que queda por hacer en la materia, según explicó el titular de Fecoop TV, Néstor Piccone.
Esta apertura del vocero presidencial no fue casual, sino que se inscribe en el marco de la “sintonía fina” que Cristina imprime a su gestión.


Control
Casi a la misma hora que Scoccimarro se reunía con la Coalición, a pocos metros de la Casa Rosada, el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, lo hacía con editores periodísticos de medios gráficos de todo el país, para darle forma institucional y conformar la Comisión Federal Asesora para la Promoción y Uso Sustentable de Pasta Celulosa y Papel para Diarios; el órgano institucional del Estado argentino, que controlará a Papel Prensa en todos los segmentos de su integración vertical.


La Comisión, presidida por el propio secretario de Estado ya emitió su primera resolución que consiste en solicitar a Papel Prensa S.A., la fórmula polinómica con la que estableció a partir del 1° de abril pasado un aumento del 5 % el precio del papel, que ahora alcanzó los 3.330 pesos la tonelada, equivalentes a 753 dólares, unos 80 dólares más caro que el precio FOB del papel chileno, por cierto de mayor calidad que el nacional.


Infraestructura
El Programa Polos y Nodos Audiovisuales Tecnológicos, del Consejo Asesor del Sistema Argentino de TV Digital Terrestre, que dirige Osvaldo Nemirovsci y coordina Eva Piwowarski, ya conformó el Nodo N° 33, al dejarlo inaugurado esta semana que pasó, en la Universidad Nacional de La Plata.


El programa, busca instalar y fortalecer las capacidades para la producción de contenidos para la TV Digital Abierta, promoviendo la igualdad de oportunidades y la disminución de asimetrías entre provincias y regiones, materializando así el artículo 153 de la Ley 26.522 de SCA, que expresa la necesidad de crear nuevos conglomerados productivos para la promoción y defensa de la industria audiovisual nacional.


En la misma línea, el ministerio de Infraestructura lleva adelante la instalación del anillo de red óptica y de las antenas en distintos puntos del país para recepción de la TV Digital abierta y gratuita, alcanzando ya al 65 por ciento de cobertura poblacional.


Nuevas señales
En materia de otorgamiento de nuevas señales de TV, la Afsca parece tener un nuevo impulso con los nombramientos que se produjeron recientemente. Según el Coordinador de Planificación Estratégica del organismo, Luis Lázzaro, aseguró que, “alrededor de 80 o 90 solicitudes muchas de las cuales están ya en trámite, y en algunos casos, con dictamen favorable de la Comisión de Defensa de la Competencia (CDC)”, además de las licencias que se han otorgado a cooperativas prestadoras de servicios públicos.


El organismo, ahora conducido por la pujanza de dos jóvenes comunicadores, Santiago Aragónex decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), e Ignacio Saavedra, un integrante de La Cámpora que fue director nacional de Política Cultural y Cooperación Internacional y Jefe de gabinete de la Secretaría de Cultura de la Nación, se potencia con la vasta experiencia de Lázzaro, unas de las principales plumas de la ley de SCA que la empezó a militar aún cuando la dictadura militar todavía secuestraba y asesinaba militantes políticos.


Todo parece indicar que finalmente el camino hacia una Política de Estado sobre este tema empezó a transitarse definitivamente. Es de esperar que el ruido no dificulte más la comunicación.


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