La justicia federal ratificó el cierre de una entidad cooperativa radicada en Mendoza, mediante la cual se precarizaba el trabajo rural. La entidad llegó a contar con más de 17.000 asociados. El fallo ratifica la verdadera condición de trabajadores precarizados: “Había asociados que no conocían sus derechos como tales, cobertura de seguridad social, etc.”.
En junio de 2008 el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) había tomado la sanción más dura que está en sus manos contra la “Cooperativa de trabajo Colonia Barraquero”: el fin de su permiso para funcionar. Esta medida fue apelada en tribunales y cuatro años después, la Sala I de la Cámara Nacional en lo Contencioso-administrativo Federal confirmó la medida del instituto nacional.
La protesta de los obreros de Colonia Barraquero comenzó en noviembre de 2007 con una movilización que fue reprimida por la Gendarmería Nacional.
Fallo ejemplar
El expediente judicial lleva el número 25.802/2008 y es contundente en sus conclusiones: “Queda debidamente acreditado que la entidad ha funcionado en violación flagrante a los principios cooperativos básicos, y ha sido utilizada como instrumento sistemático de fraude al orden público laboral”.
A lo largo de sus páginas constan procedimientos de distintos estamentos públicos que “llegan a calificarla como fraudulenta, de mera intermediación entre la oferta y la demanda de trabajo”. A modo de ejemplo se puede mencionar una denuncia de la Subsecretaría de Trabajo mendocina, sobre explotación infantil y falta de condiciones de seguridad y salubridad.
Un dato central de la causa es que 11 de los 104 trabajadores relevados eran menores de 12 años. Por otra parte, en el establecimiento de recolección, manipuleo, empaque y expedición de ajo no había baños, ni agua, ni reparo para los trabajadores.
En recientes declaraciones al diario Página 12, el presidente del Inaes Patricio Griffin, aseguró que “el fraude laboral lo hacen 20 o 30 cooperativas sobre 25 mil”. En dicha entrevista dejó en claro las dificultades que impiden sanciones rápidas y efectivas.
Ante la falta de facultades de poder de policía del Inaes, los tiempos administrativos dilatan las actuaciones que finalmente caen en la justicia. Y “entre el sumario y la revisión judicial puede pasar, por ejemplo, que la inspección se haya realizado en 2003 y el fallo se produzca nueve años después”.
Griffin, no obstante celebró el fallo contra “Colonia Barraquero”. “Este tipo de sentencias se va produciendo con más rapidez y hay fallos nuevos. La jurisprudencia nueva a su vez facilita el trabajo.
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