Pero además, exhortó a las autoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer operativos “protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles”. La recomendación de los jueces, abrió el debate sobre la situación de cada distrito, pese a que existe una Guía de intervención del Ministerio de salud nacional que puede ser utilizada en cualquier hospital del país. En Buenos Aires, la cartera de Salud opera desde el año 2007 con un Protocolo de Aborto no punible que permite saltar los obstáculos que se presentan para las mujeres y garantiza el acceso a esa práctica médica otorgada desde 1921.
Lidia Tundidor, responsable del Programa para la prevención de la violencia familiar y sexual y la asistencia a las víctimas del Ministerio, asegura que existen “situaciones complicadas que se intentan judicializar, por ejemplo, pero se resuelven muy satisfactoriamente con el Protocolo”.
En este sentido, Estela Díaz, una de las referentes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, da cuenta de que “en líneas generales, en la provincia de Buenos Aires, desde que existe el Programa de violencia y el Protocolo, se cumple con los abortos no punibles”. “Hubo puntualmente algunas situaciones de obstáculos que se pudieron destrabar, pero no hemos tenido denuncias”, asegura.
En respuesta a las recomendaciones de la Corte, el ministro Alejandro Collia adelantó que desde el Ministerio de Salud provincial se comenzará a trabajar en la actualización del Protocolo existente. La decisión fue bien recibida por las organizaciones de mujeres, quienes destacan la intervención de un Comité de ética y del directivo del hospital, como algunos de los puntos a modificar.
Pero además, “el fallo de la Corte le dio un marco de enorme tranquilidad a los profesionales médicos. Los párrafos que dedica a los médicos para que se den cuenta que están trabajando en el marco de la ley, son muy importantes”, destaca Tundidor.
Para Díaz, “no hay nada que impida que hoy todos los servicios de salud estén dando respuesta a la atención de los abortos no punibles” porque aunque no existan protocolos en algunas provincias, existe la “Guía Técnica para la atención integral de los abortos no punibles”, que elaboró hace cinco años el Ministerio de Salud nacional, y “el Código Penal que es aplicable en todo el país”.
Camino abierto
“Este fallo viene a decir cómo se interpreta una legislación que es de 1921 y que tiene una larguísima historia de obstáculos que se han puesto a las mujeres para su acceso”, explica Díaz. Pero además, sostiene que “despeja el debate parlamentario”, porque de los más de 70 proyectos presentados, muchos apuntaban a aclarar la interpretación del artículo 86 del Código Penal. “Lo que hace la Corte es decir `el Congreso no tiene que discutir aborto no punible, lo que tiene que discutir es la ampliación de derechos´”, concluye.
Este martes volverá a ingresar a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazado elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito durante las primeras doce semanas de gestación, que perdió estado parlamentario.
La propuesta ya cuenta con unas 40 firmas de legisladores, muchos de los cuales ya la habían acompañado en su primer ingreso al recinto (en el año 2007), pero suma nuevas firmas de diputados y diputadas de todo el arco político.
El mismo día del fallo de la Corte, el martes 13 de marzo, la diputada radical María Luisa Storani, escribió en su cuenta de Twitter: “La próxima semana retomaremos el proyecto de Legalización del Aborto en la cámara de Diputados de la Nación”.
La intensión de discutir la despenalización del aborto fue retomada el viernes por el diputado de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, quien anunció que su partido volvió a ingresar un proyecto de ley en ese sentido, aunque su firma también acompaña el proyecto de la Campaña Nacional.(DIB)
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