En el lugar funciona desde 2001 la Comisión Provincial por la Memoria bonaerense, que a raíz de las obras ya está desarrollando su actividad en forma provisoria en calle 7 al 400 de la capital bonaerense.
Las tareas de recuperación edilicia serán anunciadas mañana, en el marco de la firma de un convenio entre la Comisión Provincial por la Memoria y el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires.
Del acto participarán los presidentes de la Comisión, Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón, y los ministros de Infraestructura y de Economía bonaerenses, Alejandro Arlía y Silvina Batakis, respectivamente.
La firma del convenio y presentación del proyecto se realizará en el edificio donde funcionará provisionalmente la Comisión mientras se ejecuten las obras.
En el inmueble que será recuperado funcionó hasta 1998 la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) y en 2001 fue convertido en sede institucional de la Comisión de la Memoria.
Entonces, a través de la Ley Provincial 12.642, aprobada por unanimidad por la Legislatura, se dispuso entregar el edificio y los archivos de la DIPPBA a esa Comisión.
El material gráfico, consiste en extensos y pormenorizados registros de más de 4 millones de fojas, dan cuenta de la persecución política e ideológica que miles de ciudadanos sufrieron durante casi medio siglo en la Argentina. El organismo policial tuvo diferentes nombres en el transcurso de las décadas, ya que fue Oficina de Movimiento Político en 1945, Servicio de Informaciones en 1955 y Dirección General de Inteligencia a partir de 1977.
Ese órgano de la Policía tenía como objetivo informar a la Jefatura de la fuerza y al gobierno provincial sobre posibles hechos delictivos o políticos que se estuvieran por realizar en el territorio bonaerense.
"En la práctica, y sobre todo a partir de 1955 después del derrocamiento de Perón, se convirtió en el lugar donde se reunía información sobre el accionar político de todos los ciudadanos, que luego servía para perseguirlos, encarcelarlos y a partir de la década del 70, hacerlos desaparecer o asesinarlos", explicaron voceros de la Comisión por la Memoria.
Las delegaciones situadas en distintas ciudades de la provincia enviaban a la Dirección General, que funcionaba en el edificio de calle 54, la información "obtenida del seguimiento de las personas, ya sea en forma directa, a través de personas detenidas legalmente o secuestradas ilegalmente, o de la observación de actos políticos, estudiantiles y sindicales; o de forma indirecta, como escuchas telefónicas, robo de padrones de sindicatos y partidos políticos, publicaciones, etcétera".
"Allí se procesaban todos los datos recibidos", explicaron las fuentes, y "se confeccionaban fichas y legajos, que se guardaban en un gran archivo general".
Esa información, dijeron, "servía para continuar con la persecución a otros ciudadanos".
Actualmente esos documentos son prueba documental sobre la forma en que funcionaron los procesos de persecución y espionaje y un aporte para los juicios a los responsables de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. (DIB)
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