A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 201, publicado hoy en el Boletín Oficial, la Casa Rosada decidió suspender "la aplicación de las disposiciones contenidas en el decreto 814/2001 y sus modificatorias, respecto de los empleadores titulares de establecimientos educativos de gestión privada que se encontraren incorporados a la enseñanza oficial".
El decreto 814 dejaba sin efecto las exenciones o reducciones de las alícuotas aplicadas a las contribuciones patronales, y su aplicación fue suspendida ininterrumpidamente desde poco después de su aplicación, según recordó la norma firmada por la presidenta Cristina Fernández y la totalidad del Gabinete Nacional.
En el caso de la enseñanza privada, la suspensión de ese decreto se viene instrumentando como forma de atenuar el incremento de las cuotas de esos establecimientos.
En los considerandos del DNU, se indica justamente que "la aplicación del Decreto Nº 814/01 en los establecimientos de gestión privada provocará un incremento en el valor de los aranceles que abonan las familias por los servicios educativos brindados en instituciones cuyo personal no está totalmente alcanzado por el aporte estatal, impacto que es mayor en aquellas regiones menos favorecidas del país como consecuencia de la situación descripta anteriormente".
Además, se sostiene que esa "situación puede ocasionar no sólo un detrimento en la calidad educativa, sino que al mismo tiempo puede impactar en el nivel de empleo en este sector, lo que agravaría la situación económica y social actual producida por la crisis financiera mundial y de la que el Gobierno Nacional procura evitar sus mayores riesgos".
También se recuerda que "los Institutos de Educación Pública de Gestión Privada incorporados a la enseñanza oficial son regulados y supervisados en cuanto a sus aranceles por las autoridades jurisdiccionales" y que es "prioridad del Gobierno Nacional favorecer a los sectores de las regiones menos favorecidas del país a través de políticas que promuevan un desarrollo más equitativo e igualitario".
El DNU advierte también que la aplicación del Decreto 814 en los colegios privados "produciría un efecto contrario a este objetivo de la política nacional, gravando a quienes brindan el servicio educativo, a diferencia del resto de las actividades que no ven incrementados sus costos", lo cual "tendría un efecto regresivo en todas las jurisdicciones, pero principalmente en las más necesitadas". (DIB)
| 
