De esta manera, se produjo un quiebre en la política de Cablevisión, que hasta ahora se había negado sistemáticamente a reconocer cualquier decisión oficial que afectara sus intereses y beneficiara a los usuarios, llevando cualquier diferendo en este sentido al campo judicial.
El cambio de conducta de la empresa surgió a partir de la resolución de Comercio Interior en la que le advierte a Cablevisión que le aplicará la Ley de Abastecimiento en caso de no restablecer el servicio a aquellos usuarios a los que se interrumpió porque se negaron a pagar la tarifa con aumento.
La Ley de Abastecimiento establece duras sanciones económicas e incluso la prisión para los directivos que se nieguen a acatarla. Esta norma también le da potestad a las autoridades de realizar clausuras preventivas e incluso, en un caso extremo, "solicitar a la autoridad de aplicación la detención preventiva de los presuntos responsables por el término de hasta
48 horas cuando fuere necesario para el esclarecimiento de la infracción".
Según las propias estimaciones oficiales, Cablevisión les cobra $
160 por mes en lugar de $ 106 a unos 4,5 millones de usuarios que no presentaron ningún reclamo ni queja, lo que le permitió a la empresa del Grupo Clarín embolsar más de $ 1500 millones extras por la diferencia que existe entre los $ 116 y los $ 160 del abono.
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