De hecho, el proyecto en cuestión podría transformarse en el primero que remita este año el Ejecutivo a la Legislatura, según definieron Scioli y el vice Gabriel Mariotto, en una reunión que sostuvieron horas antes de que el mandatario partiera a Europa, en la que también acordaron que la estrategia legislativa serán conversada por ellos y por los titulares de bloque del FPV en Diputados, Juan De Jesús y en Senadores, Cristina Fioramonti.
El proyecto, que busca reparar un mandato de la constitución provincial incumplido desde la reforma de 1994, fue estratégicamente diseñado para sortear los reparos ideológicos que sectores del Frente para la Victoria han expresado sobre la política de seguridad de Scioli: por eso, el articulado final es el que elaboró la Comisión por la Memoria, según confirmó el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal.
Se trata de un texto que recoge los llamados "Catorce puntos básicos para la implementación de la policía judicial", elaborado por la Convergencia para la Democratización de la Justicia, un colectivo que integran organizaciones sindicales, organismos de derechos humanos y de profesionales del ámbito judicial, que también reclama, como segundo paso, la autonomización de la Defensa Pública en la Provincia.
La adopción de ese proyecto, que se terminó de consensuar en una reunión que a fines de 2011 mantuvieron representantes de la Comisión con el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, determinó que la nueva fuerza no dependerá del poder político sino de la Procuración General de la Corte, organismo que deberá fijar un plan estratégico que contenga las prioridades en materia de persecución penal como puntos principales.
Además, el texto ordena descentralizar en los departamentos judiciales la nueva fuerza y prohíbe el traspaso a de efectivos que hoy prestan servicios en la Bonaerense, un punto que Casal precisó : la Judicial estará integrada por "instructores que ya están designados y trabajando en el Poder Judicial y el Ministerio Público; investigadores de campo e investigadores científicos forenses", El ministro también explicó que la policía judicial "atenderá homicidios, crimen organizado, investigaciones complejas y todo tipo de delitos cometidos por funcionarios policiales", aunque aún no hay definiciones sobre si intervendrá en los delitos que sean detectados en "flagrancia", un punto que impulsa el Ejecutivo pero rechaza la Comisión por la Memoria.
Con todo, a partir de ese diseño, el sciolismo confía en que se "dibujo" lo ayuda a alcanzar el "máximo grado de consenso posible" para hacer avanzar el proyecto: tanto la Comision como el Acuerdo son organismos que reiteradas veces han sostenidos críticas a otros aspectos de la política de seguridad de la administración Scioli. A ese objetivo podría concurrir además el visto bueno que, al menos en términos conceptuales, dieron sectores del macrismo y el denarvaísmo. Aunque con ese sostén bastaría, habrá que ver qué postura toma la UCR, que impulsó por año proyectos propios que nunca llegaron a convertise en ley (DIB)
|
