-El subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Alén, sostuvo que
los casos en los que se unen crímenes de lesa humanidad y delitos económicos
"hacen a la misma esencia de la dictadura cívico-militar" y señaló la venta
irregular de Papel Prensa como "caso testigo" de la complicidad de civiles
con el gobierno militar.
Para el funcionario nacional, con la reapertura de las causas por
violaciones a los derechos humanos impulsada por el ex presidente Néstor
Kirchner se inició una "primera etapa en el proceso de memoria, verdad y
justicia que, no sin dificultades, permitió que a partir de 2008 se agregue
la responsabilidad de civiles en el Terrorismo de Estado".
Sobre los juicios que se llevan adelante, Alén destacó que "Argentina es un
ejemplo en el mundo", al fundamentar que "se ha respetado escrupulosamente
el derecho a cada imputado con todos los elementos para que haga su defensa,
dentro de la jurisprudencia que existe y sin recurrir a tribunales
especiales".
"Con la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final son
juzgados los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad por ser
responsables directos, y ahora, con la multiplicación de juicios, se
incorpora la complicidad civil, ya que el verdadero objetivo era organizar
el país de acuerdo a un modelo económico cuyo jefe civil fue José Alfredo
Martínez de Hoz", explicó Alén a Télam.
Delitos económicos
Las investigaciones por apropiación de bienes bajo el terrorismo de Estado
tienen en Papel Prensa el caso "más emblemático", seguido por "más de 600
empresas que fueron liquidadas o intervenidas por no ajustarse al modelo
económico que querían imponer", confirmó.
"Igual que Papel Prensa hubo casos como el del Banco Latinoamericano o el de
la siderúrgica Grassi, en Mendoza, que estaba vinculada con Papel Prensa y
que competía con Acindar, cuyo gerente general antes del golpe del 24 de
marzo era Martínez de Hoz", apuntó.
En la lista de crímenes de lesa humanidad con motivos económicos, el
subsecretario de Derechos Humanos agregó el secuestro y desaparición de los
empresarios Gutheim, dueños de la algodonera Sadeco; y el caso de la
compañía de electricidad Italo, que "fue estatizada a precio sideral pagado
en francos suizos, constituyendo un caso único en la historia de las
transacciones internacionales".
Los ejemplos revelan, según Alén, que "el verdadero objetivo del golpe
militar era implantar un modelo de exclusión que fue preparado por grupos
económicos" y que para ponerlo en práctica "decidieron que la única forma
era mediante el disciplinamiento por el terror".
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