Por años, editores de todo el país que no estaban comprendidos dentro de los cupos establecidos por Papel Prensa para la compra de papel para diario nacional, hicieron numerosas gestiones a través de las entidades que los representaban, para que dicha firma les provea ese insumo, obteniendo siempre la misma y perversa respuesta: "Papel Prensa no puede producir más que lo que produce".
En rigor, esa frase escondía un designio inconfesable, admitido fallidamente por Clarín y La Nación el 22 de agosto de 2010 en una editorial compartida sobre las supuestas intenciones del gobierno de limitar la Libertad de Prensa, cuando dicho proyecto fue elevado al Congreso Nacional:
"quieren controlar la fabricación de papel para controlar la palabra escrita". Ni más ni menos, lo que vino ocurriendo desde hace casi 34 años con el manejo monopólico de la producción y distribución del papel. A confesión de partes, relevo de pruebas.
Insumo esencial
El papel para la impresión de diarios es un insumo esencial que no sólo hace a la Libertad de Expresión en general, y a la de Prensa en particular, sino que es constitutivo de la soberanía nacional, ya que, la problemática que genera en los diarios locales su abastecimiento, en cuanto a cantidad, calidad y maximización de su precio, impacta sobre los lectores a partir de una menor compra de papel por parte del medio, y por ende, una menor entrega de información, principalmente la de los segmentos, provincial, nacional e internacional, debiendo relegarse la misma, a los medios gráficos y cadenas informativas editados en la ciudad de Buenos Aires, es decir, los que diariamente nos dicen a los argentinos (nos
instalan) de qué debemos preocuparnos ese día.
El proyecto de ley que el martes 13 de diciembre contó con dictamen favorable de una amplia mayoría de legisladores de las cinco comisiones intervinientes, tiene por sujeto, además de los productores de papel, a los que son y van a ser sus compradores, que son justamente los editores de diarios y periódicos de todo el país.
Garantías
Los dos artículos centrales del proyecto (40 y 41), que los opositores seriales calificaron de "confiscatorios" y que "limitan la Libertad de Prensa", claramente expresan todo lo contrario, es decir, le da la posibilidad a los accionistas privados (Clarín y La Nación), primero de producir más y por lo tanto de ganar más dinero, y en segunda instancia, la posibilidad de invertir y aumentar su capital accionario, aún más del que poseen en este momento que entre ambos supera el 70 % del paquete accionario, además de ampliar, obviamente, la libertad de acceso a este insumo básico, por muchos años limitada por la propia empresa.
Efectivamente, en el inciso a) de dicho artículo, el proyecto dice que la empresa Papel Prensa deberá: "operar como mínimo a pleno de su capacidad operativa o de la demanda interna de papel (cuando ésta sea menor a la capacidad operativa)", aumento que elevaría la producción de papel en unas 40 mil toneladas adicionales para llegar a un máximo de producción (sin
inversión) de 200.000 toneladas de papel para diario anuales.
En el punto b), la norma establece que dicha firma deberá "Presentar y ejecutar cada tres años, un plan de inversiones tendiente a satisfacer la totalidad de la demanda interna de papel para diarios" (unas
250 mil toneladas), que cubra el déficit de 70.000 toneladas anuales, que ahora deben importarse.
Claridad
Como claramente se desprende del texto, Clarín y La Nación, no sólo tienen la posibilidad de mantener su capital, sino además, la de aumentar sus ganancias.
Sólo en caso que estos accionistas privados no quieran realizar inversiones, el Estado, como parte integrante de la empresa, tendrá que hacer las inversiones necesarias para cumplir con lo dispuesto por la Ley, que cuando la presente edición de Informes esté llegando a los lectores, es probable que el proyecto ya tenga sanción del Congreso nacional.
No obstante esta posibilidad, si bien un aumento del capital por parte del Estado redundará en un mayor patrimonio, los derechos políticos que de ese incremento accionario surja, los cederá a los diarios que integren la Comisión Federal Asesora, conformada por un editor de diarios por cada una de las provincias, elegido por sus propios colegas, además de dos representantes de las asociaciones de consumidores, y de tres representantes elegidos por los gremios, de los periodistas (1), los gráficos (1), y los distribuidores de diarios (1) .
Dicha Comisión Federal Asesora, tendrá como función la de "asistir y asesorar a la Autoridad de Aplicación, que será ejercida por el Ministerio de Economía de la Nación.
A todas luces, un proyecto sensato, para nada confiscatorio, pero plagado de sentido común.
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