Como marca significativa, el nuevo marco regulatorio incorpora a este sector dentro de la Ley general del Contrato de Trabajo. Por otro lado, fija que las remuneraciones no podrán ser menores al salario mínimo, prevé horas extra, descanso semanal, condiciones adecuadas de higiene, seguridad y vivienda para los más de 900.000 peones rurales. Además, se pone fin al concepto de jornada laboral de sol a sol, al fijarse como límite las ocho horas diarias y las 44 horas semanales y se crea un nuevo régimen previsional, a partir del cual los trabajadores podrán jubilarse con 57 años y 25 años de aportes.
El punto más polémico fue la eliminación del registro de peones (Renatre), que actualmente es manejado por el gremio que preside Gerónimo “Momo” Venegas –un aliado del duhaldismo– y las patronales del campo. Ahora será el Estado quien lleve adelante el control de los trabajadores de este sector.
El debate sobre este proyecto prometía ser ríspido. El Congreso amaneció nuevamente vallado, a la espera del Momo Venegas, quien había prometido una movilización masiva en las inmediaciones del Parlamento. No bien comenzó la sesión, el senador Juan José Cano (UCR-Tucumán) disparó: “Quiero advertir que la Gendarmería está impidiendo el ingreso de los trabajadores rurales a la Capital. No me parece democrático que quienes piensan distinto no puedan expresarse”.
En realidad, fueron los propios representantes de la Uatre quienes cortaron, a modo de protesta, los ingresos a la Ciudad. De todas maneras, el oficialismo no tardó en responder. El ex jefe de Gabinete y actual senador Aníbal Fernández sostuvo: “Creo que tenemos que hablar de la situación de extorsión que vivimos nosotros. Ellos (por los dirigentes de Uatre) dicen que tienen nuestros teléfonos y dirección y que nos visitarán en función de cómo sea nuestro voto”. El cruce verbal no pasó a mayores.
Frente al Congreso había un pequeño escenario montado por la Uatre. En sus alrededores, poco más de cien manifestantes (no todos peones de campo). Sobre el escenario, un representante del gremio, vestido de gaucho, con poncho al hombro, y un discurso que evocaba –por su tono y palabras elegidas– el conflicto de la resolución 125. Cuando terminó la votación, con la sanción del nuevo estatuto como resultado, se retiraron.
“Con esta ley vigorizamos la acción del Estado para que se haga cargo de la eliminación del trabajo en negro en el sector, función que había sido delegada a las patronales y sindicatos. Sin embargo, en los últimos ocho años no fue muy positiva la eliminación de la informalidad en este sector, sin hablar de las formas aberrantes como el trabajo esclavo”, manifestó Miguel Angel Pichetto, titular del bloque del FpV.
Según datos del Ministerio de Trabajo, publicados por Página/12 el sábado pasado, en Argentina hay alrededor de 900.000 trabajadores rurales. Los niveles de informalidad ascenderían al 62 por ciento, cuando la media nacional es 34,3 por ciento, y en algunas regiones la precariedad llega al 85 por ciento de los asalariados rurales. “En sus años de funcionamiento, a cargo de la Uatre y las patronales, el Renatre tuvo escasos resultados, no movió el amperímetro del trabajo no registrado”, había dicho Tomada.
En este sentido, las denuncias sobre explotación laboral y tratos infrahumanos en una serie de empresas multinacionales, como Nidera, no tuvieron su origen en la Uatre ni en el Renatre, sino en la AFIP.
“La ley de 1999 (la que creó el Renatre) vino a dar una verdadera protección y solucionar una situación de injusticia para los peones. Vino a zanjar el tema de la informalidad”, afirmó la puntana Liliana Negre de Alonso. La compañera de bancada de Adolfo Rodríguez Saá también criticó los artículos que dejan afuera de la ley a los trabajadores que participen en procesos industriales relacionados con el campo. “El sistema de parcialización es armado para romper la unidad estructural de los sindicatos argentinos. Estamos destruyendo la columna vertebral del sindicalismo”, lanzó Negre de Alonso.
Más allá de los cuestionamientos, la oposición no pudo modificar ninguno de los puntos de la ley que consideraron cuestionables. El FpV consiguió aprobar la creación del nuevo registro de peones rurales por 41 votos afirmativos contra 28 negativos.
Otro artículo resistido fue la prohibición de las empresas de servicios temporarios, muchas de las cuales fueron las que contrataron a los peones que luego terminaron trabajando en condiciones infrahumanas en los casos descubiertos por la AFIP a principio de año. El oficialismo ratificó esta prohibición por 49 votos afirmativos contra 20 negativos.
A partir de la publicación en el Boletín Oficial, la norma echará por tierra una ley que lleva la firma de Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Hoz y restituirá derechos laborales a los peones, los cuales habían sido consagrados en el viejo estatuto del peón rural de 1944 y ratificado por ley cinco años después.
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