La iniciativa modifica el actual procedimiento de las OMIC en tres puntos
centrales: traslada el beneficio de la duda al consumidor; establece los tribunales que deberán proceder ante apelaciones y dispone de un "juicio sumarísimo" para la resolución de los reclamos.
En efecto, las modificaciones establecen que se reemplace, en las disputas se utilice el procedimiento "sumarísimo" previsto en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia. Esto, además, permitirá que en los trámites, que ahora se realizan en base al Código de Procedimiento Penal, se tenga en cuenta una suerte de "principio de la duda" que beneficie no a las empresas si no a los usuarios.
En tanto, se dispone que sean competentes para resolver las controversias derivadas por las relaciones de consumo "los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial o los Juzgados de Paz Letrado". Para las disputas entre prestadores de servicios públicos y usuarios, por su parte, intervendrán "los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo".
El autor de la iniciativa, Iván Budassi (FpV), explicó que la iniciativa está "destinada a agilizar los trámites de modo que todos los bonaerenses se vean beneficiados en la defensa de sus derechos como consumidores".
"Se propone que los juicios en los que se analicen las cuestiones tratadas por las autoridades de Defensa del consumidor tramiten por la vía más rápida que prevé la legislación local: el juicio sumarísimo", indicó el legislador.
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