En la actualidad, al menos dos ficciones de importante audiencia lo abordan: “El Puntero”, por Canal Trece y “El Elegido”, también de Telefé. Los casos ya no tienen un nombre, como el de “Marita” Verón, la joven que en TV era buscada por Soledad Silveyra y Facundo Arana, sino que se habla de las más de 600 niñas y mujeres que buscan las organizaciones sociales. Fabiana Túñez, como coordinadora de la asociación civil La Casa del Encuentro, aseguró que en la institución reciben “a raíz de uno o dos casos por semana”, pero “por una cuestión clara de discriminación”, muchos permanecen “invisibilizados”.
Cuando el 22 de agosto pasado los medios de comunicación se hicieron eco de la desaparición de la niña de 11 años Candela Sol Rodríguez, la familia de Sandra Mamani, de 14, llevaba trece días buscándola. “Si no era porque la familia y los grupos como nosotros difundíamos la foto de Sandra, en realidad los organismos encargados de difundirla recién pusieron en la calle la foto a los trece días de la desaparición. Costó mucho que los medios tomaran su caso porque no reunía las mismas características que otras niñas, y lamentablemente el factor de discriminación existe en nuestra sociedad y en algunos medios de comunicación también”, sostuvo Túñez.
Desde su fundación en 2003, La Casa del Encuentro realiza una activa tarea contra la violencia hacia las mujeres. Hace 4 años que sus integrantes, junto a otras organizaciones sociales y estudiantiles, marchan los días 3 de cada mes al Congreso de la Nación para hacer visible las caras de las chicas desaparecidas. Evelyn Espinosa tenía 17 años cuando desapareció el 30 de septiembre de 2010; a María Luz Galarza, de 15, la buscan desde el 28 de marzo de 2009; “Peli” Mercado lleva seis años desaparecida, tenías 13 años la última vez que su familia la vio.
Para Túñez, algunos casos quedan en el anonimato “por una cuestión clara de discriminación”. “Si es una persona de los sectores más vulnerables que no tiene acceso a determinadas cuestiones o que no tiene un fácil acceso a la comunicación, quedan invisibilizados. Y otros porque hay momentos políticos que generan ese tipo de difusión masiva”, explicó.
“Cuando empezamos a ver violencia de género, trata, violación a niñas, hay una misma trama que recorre todas estas problemáticas que es la subalternidad que connota lo femenino en nuestra cultura”, manifestó la licenciada Florencia Cremona, directora del Centro de Comunicación y Género de la Facultad de Periodismo de la UNLP.
“Hay un montón de habilitantes permanentes en la cultura que estimulan el consumo de mujeres jóvenes y niñas”, afirma Cremona y continúa: “Mientras tenemos a un Estado que está tratando de ejecutar una ley para penalizar la trata, hay un programa de televisión, que es cualquier programa, podemos hablar de Olmedo y Porcel del año `83, donde se habilita el consumo de una mujer menor por parte de un hombre mayor”.
Candela y después
“En el caso específico de Candela era claro que no era un caso de trata de personas desde los primeros momentos, con lo cual, por lo que sucedió después marca claramente que hay que tener determinados cuidados a la hora de la información. Vemos que sobreabundó información y de alguna forma iba alertando a los criminales de Candela acerca de cuáles eran todos los pasos que se iban dando”, opinó Fabiana Túñez.
Por su parte, Florencia Cremona hizo referencia al enfoque propuesto desde los medios: “Inmediatamente la opinión pública se abocó sobre la mamá, no sobre el crimen. Si la madre tenía novio, quién la mantenía, si sabía o callaba, deslindando a la propia responsabilidad de la Policía. El Estado es responsable y garante de los derechos sociales de Candela tenga o no una madre, para eso tenemos un Estado. El Estado es responsable y garante de mis derechos sociales tenga yo un novio narcotraficante o lo no tenga”.
Consultada por la posibilidad de elaborar un Protocolo para regular la tarea periodística en este tipo de casos, Túñez consideró “que sí habría que hacer una reunión entre los encargados de los medios de comunicación y las fuerzas de seguridad y de la Justicia como para acordar algunas reglas de convivencia. Pero el protocolo me parece que va a ser de imposible implementación porque la lógica de los medios de comunicación tiene que ver con el rating y con la noticia”.
Asistencia y denuncia del personal de Salud
En junio, el Ministerio de Salud bonaerense incorporó un Protocolo que informa a los profesionales cómo detectar y asistir a las víctimas de trata, y les informa su obligación legal de denunciar el delito (según el artículo 287 del Código Penal).
“Hay algunos hospitales que van a ser de referencia en las zonas donde se hacen mayor cantidad de allanamientos, como el Alende de Mar del Plata, que ya está funcionando, y próximamente va a estar inaugurado el Rossi en La Plata y el San José de Pergamino”, explicó la responsable del Programa provincial de salud para la prevención de la violencia familiar y sexual y asistencia a las víctimas, Rosa Magdalena Grau Alcobedo.
Otro de los centros de salud que recibirá la capacitación especial, será el Hospital José Penna de Bahía Blanca, donde también se llevan adelante procedimientos policiales que terminan con la asistencia médica y psicológica de las víctimas. “La trata avanza cada vez más en la provincia y las víctimas son atendidas dentro del sistema de salud siempre, por eso creemos que es necesario el protocolo de atención y porque quizás entran con otra patología y se las puede detectar”, explicó la funcionaria.
El protocolo, además, define ciertos indicadores que permiten detectar a una víctima: ausencia de documentos personales, trastornos del sueño, depresión, abuso y/o dependencia de drogas y alcohol, lesiones en órganos genitales, abortos espontáneos y provocados, infecciones de transmisión sexual, entre otras. Y específicos de niños y adolescentes, como conductas agresivas, fobias, sentimientos de culpa o vergüenza extremos, masturbación compulsiva y conductas sexualmente seductoras.
Como lo exigen la ley provincial de violencia familiar (n° 12.569) y la nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (n° 26.485) reglamentada hace dos meses por la presidenta Cristina Fernández, la cartera de salud trabaja en la elaboración de estadísticas oficiales, una materia todavía pendiente para el Estado.
(DIB)
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