Allí, fueron asesinados Pablo Francisco Fornasari, Juan Carlos Castillo, Zulma Matzkin y Mario Manuel Tartchitzky. La pericia del médico forense Mariano Castex determinó que las víctimas fueron acribilladas estando tendidas boca arriba en el piso.
Este caso comenzó a ser “conocido” en el marco del juicio oral y público a 17 represores, once militares retirados, cuatro policías y dos agentes penitenciarios, por delitos de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del V Cuerpo de Ejército, que se realiza en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS).
El 25 de agosto pasado testimonió Susana Matzkin, hermana de la asesinada Zulma y una activa impulsora de la realización del juicio. Matzkin integra la Comisión de Apoyo a los Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad, que, entre otras cosas, consiguió que el Concejo Deliberante de Bahía Blanca le haya puesto el nombre “Cuatro de septiembre” a una plaza en conmemoración de la matanza.
La historia difundida
Según los testimonios recabados, se conoció una comunicación cursada por el mayor Bruzzone desde el Centro de Operaciones Táctico (COT) del V Cuerpo de Ejército a las dos de la madrugada del domingo 5 de septiembre hacia el subcomisario Félix Alejandro Alais de la Delegación de la Policía Federal, donde se hablaba de un “enfrentamiento”.
Bruzzone le comunicó formalmente a Alais que “a partir de denuncias de la población y por investigaciones propias, una patrulla militar fuertemente armada fue comisionada para rodear y reducir a las personas armadas que con actitud sospechosa estaban en el inmueble de Catriel 321.
Fue el propio subcomisario Alais quien, puso en circulación la falsa noticia de que en la calle Catriel los militares habían sido recibidos con fuego de armas automáticas, y que tras repeler la agresión durante media hora “resultaron muertas cuatro personas, tres masculinas y una femenina, y el secuestro de armas de guerra y explosivos”.
El lunes 6, el diario “La Nueva Provincia”, bajo el título “Otra eficaz acción del Ejército. Cuatro extremistas fueron abatidos en nuestra ciudad”, y aseguró falsamente que Castillo y Fornasari eran “cabecillas de la organización ilegalizada en primer término”, en referencia al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), cuyo nombre estaba prohibido decir y escribir (lo mismo sucedía con Montoneros, “la organización ilegalizada en segundo término”).
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