(GEI) – El pasado martes la Justicia decidió hacer lugar a una medida cautelar solicitada por el Poder Ejecutivo Nacional y dispuso apartar de sus cargos a los consejeros de vigilancia nombrados por los accionistas de capital privado en Papel Prensa, por existir impedimentos de orden público para integrar el órgano de fiscalización de la firma.
La decisión fue tomada por el titular del Juzgado Nacional en Primera Instancia en lo Comercial Nº 2, Eduardo Malde, quien dispuso el alejamiento de los representantes de Clarín y La Nación, en el Consejo de Vigilancia de la firma, dado que incumplían el Artículo 280 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Ante ello, el constitucionalista Alberto González Arzac, representante del Estado en el Consejo de Vigilancia de Papel Prensa, manifestó que con la resolución judicial “el Estado está en condiciones de requerir información que ha sido hasta ahora negada” por ambos diarios.
González Arzac explicó que el fallo de primera instancia que removió a los seis representantes del capital privado en el Consejo, permite “requerir la información que nos había sido negada por Clarín y La Nación”.
El jurista aludió de ese modo a la decisión tomada por el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 2, Eduardo Malde, quien dispuso el alejamiento del Consejo de Vigilancia de Papel Prensa, de Eduardo Lohidoy, Gustavo Mirko Scholossberg, Hernán Verdaguer, Diego Sigal, Juan Marco Pueyrredón y Sebastián Bardengo.
Investigación
González Arzac estimó que ahora tendrá un plazo de alrededor de un mes para conseguir la información, que tendrá como fuente a los libros de la empresa.
Este tiempo estimado por el representante estatal en Papel Prensa se basa en su presunción de que el fallo judicial será apelado por los accionistas privados de la compañía.
El abogado señaló que la resolución de la Justicia permitirá colaborar con la causa que existe por delitos de lesa humanidad en la venta de Papel Prensa, y en las causas existentes de carácter comercial.
“Con todo esto, lo que buscamos es que esta empresa no sea llevada voluntariamente a una quiebra fraudulenta por Clarín y La Nación, quienes la han tenido bajo su órbita hasta ahora”, destacó.
Según fuentes gubernamentales, ahora se podrán revisar todas las decisiones adoptadas en el seno de Papel Prensa por las sospechas que genera la conformación de un órgano de control cuyos integrantes “no reunían la idoneidad e integridad moral, ética y profesional” para llevar adelante esa tarea.
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