A esos efectos, los querellantes solicitaron distintas medidas de pruebas para que se compruebe si Martínez formó parte de esa unidad de Inteligencia, que dependía directamente del disuelto Primer cuerpo de Ejército y durante la dictadura estuvo a cargo del fallecido represor Guillermo Suárez Mason.
La presentación fue concretada ante el juzgado federal 9, a cargo por el momento del juez Sergio Torres, donde había recaído la denuncia generada a partir de la aparición del nombre del sindicalista y su número de documento en listados entregados por el Ejército con nóminas de personal que actuó en el lugar entre 1976 y 1983.
La denuncia fue presentada en conjunto por el "Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines", por la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos; por la Liga Argentina de los Derechos del Hombre; el Instituto de Relaciones Ecuménicas y por el Centro de Abogados por los Derechos Humanos.
Los querellantes le pidieron al juez que avancen la investigación "para comprobar si se trata del Gerardo Martínez que está al frente de la UOCRA", a la vez que reclamaron "pruebas como citaciones de testigos para que expliquen cómo se confeccionó el listado, si es confiable y que den detalles sobre lo que haya" acerca de la persona que figura en los listados y que podría tratarse del gremialista.
Así lo explicó Enrique Fukman, de la Asociación de ex detenidos desaparecidos, quien además es querellante en el juicio por los crímenes cometidos en la ESMA, donde estuvo secuestrado.
"El objetivo es corroborar la veracidad de lo que figura en el listado en poder del archivo nacional, que es público y está en internet y que se diga si el Martínez que figura es el mismo de la UOCRA y con qué grado de certeza", explicó Fukman.
Entre los testigos propuestos figura el actual director nacional de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército, general Cesar Milani; la ex ministra de Defensa, Nilda Garré; su sucesor Arturo Puricelli; el de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; el secretario de Derechos Humanos de la Nación Eduardo Luis Duhalde y el presidente del Archivo Nacional de la Memoria, Ramón Torres Molina.
Ahora, el juez Torres deberá en los próximos días dar vista a la fiscalía para que dictamine si corresponde o no impulsar una investigación penal. (DIB)
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