“Lo que determina la reforma de la Ley de Quiebras es la posibilidad de que los trabajadores le den continuidad a la explotación fallida o abandonada por su dueño. Ya deja de ser una remota opción a criterio del Juez, en función de una cantidad de elementos de naturaleza más bien subjetiva”, precisó.
El proceso de recuperación de empresas se planteó en Argentina como la consecuencia a la crisis del año 2001. Sin embargo, en la actualidad el proceso de quiebra que atraviesen las nuevas empresas en recuperación, en el marco de la normativa de la nueva Ley de Quiebras, según Valdez no necesariamente reconoce raíces en crisis económicas.
”Llegado el caso que esté planteada la posibilidad de adquirir la quiebra, los trabajadores organizados en cooperativa de trabajo (antes no era así) pueden hacer una propuesta a la quiebra y pagar el precio o parte del precio de la quiebra con sus propias acreencias laborales derivadas del propio proceso falencial”, explicó el dirigente.
La nueva ley establece que el acreedor hipotecario con proceso especial de ejecución puede quedar neutralizado a partir de que el juez tiene la facultad en beneficio de la propuesta de los trabajadores de suspender la ejecución de esos créditos hipotecarios por el lapso máximo de dos años. Esto permitiría a los trabajadores atender ese crédito una vez que hubieran desarrollado la empresa quebrada.
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