Por Horacio Verbitsky
Figura central del Episcopado Católico durante la última dictadura militar y los primeros años de la transición, Oscar Justo Laguna es el primer obispo procesado en una causa derivada de las violaciones a los derechos humanos cometidas entonces.
La decisión fue adoptada el lunes pasado por la Cámara Federal de Rosario, cuyos integrantes entienden que Laguna mintió en forma deliberada al declarar sobre el asesinato del ex obispo de San Nicolás, Carlos Horacio Ponce de León, mediante un simulado accidente carretero, el 11 de julio de 1977. El nuncio apostólico Pio Laghi envió a Laguna para hacerse cargo de esa diócesis y desmantelar la pastoral popular instaurada por Ponce de León, quien acompañó las luchas obreras de lo que Lanusse y Balbín llamaban el cinturón rojo del Paraná y estuvo cerca del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Laguna fue administrador apostólico de San Nicolás desde julio de 1977 hasta el 2 de enero de 1978. Pero al ser interrogado por el tribunal a cargo de la causa, Laguna mintió que había ocupado ese cargo entre el 18 de julio y el 18 de diciembre de 1978, es decir un año más tarde de lo que de verdad ocurrió.
Este desfasaje cronológico le sirvió para alegar desconocimiento sobre las amenazas recibidas por el obispo y otras circunstancias que rodearon el crimen, como la desaparición de documentos y bienes de Ponce de León. El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo consideró que se había tratado de un inocente error material, pero la Cámara rosarina entendió lo contrario y ordenó procesarlo, tal como solicitó el fiscal Juan Patricio Murray y respaldó el fiscal de Cámara, Claudio Palacín. El procesamiento de Laguna es un antecedente significativo para el actual arzobispo de la Capital Federal y presidente del Episcopado católico argentino, Jorge Mario Bergoglio, citado como testigo en las causa del plan sistemático de apropiación de hijos de detenidos-desaparecidos. Estela de la Cuadra, hermana y tía de dos de las víctimas de ese plan, sostiene que Bergoglio mintió al declarar en la causa de la ESMA que supo de la desaparición de bebés recién luego de finalizada la dictadura, cuando a su familia le consta que ya en 1979 estuvo al tanto del caso que les afecta, porque recibió a su padre y le entregó una carta para el obispo auxiliar de La Plata, Mario Picchi. Cuando fue secuestrada, en 1977, Elena de la Cuadra estaba embarazada. A pedido de Bergoglio, Picchi averiguó que Elena había dado a luz una nena, que fue regalada a otra familia. “La tiene un matrimonio bien y no hay vuelta atrás”, informó Picchi a los De la Cuadra.
Las investigaciones judiciales por los episodios más graves que involucraron a obispos católicos no avanzaron, ya sea porque murieron (como el cardenal Raúl Primatesta, acusado por el reciclaje de bebés en la Casa Cuna de Córdoba bajo control eclesiástico, los arzobispos de Paraná, La Plata y Jujuy, Adolfo Tortolo, Antonio Plaza y José Miguel Medina, por complicidad con las torturas a los detenidos) o porque el Vaticano los hizo salir del país para sustraerlos del alcance de la Justicia (como al ex arzobispo de San Luis Juan Rodolfo Laise, a quien el jefe militar de esa área, coronel Miguel Angel Fernández Gez acusó de haberle pedido que secuestrara a un sacerdote que se había casado). En septiembre de 2003, Laguna cuestionó desde Aquisgrán, en Alemania, la política de derechos humanos del gobierno de Néstor Kirchner. “No tiene sentido revolver el pasado sin una idea clara de lo que se busca”, dijo.
Prerrogativas
Laguna se amparó en la prerrogativa eclesiástica de declarar por escrito, pese a que como obispo jubilado sin ninguna función en la estructura de gobierno de la Iglesia Católica, no le correspondía. Es el mismo privilegio que invoca ahora Bergoglio. A Laguna la ventaja se le volvió en contra, porque hizo más inverosímil que se hubiera confundido las fechas. Ante cada pregunta del fiscal o el juez sobre la correspondencia, el testamento, el portafolios, las homilías y los bienes de Ponce de León, dijo que no sabía nada, porque había llegado a San Nicolás un año después de su muerte. El mismo pretexto alegó para justificar su desconocimiento de las amenazas sufridas por Ponce de León antes de su asesinato. También se indignó de que pudiera sospecharse de él porque dijo haber sido miembro fundador del CELS. La camarista Liliana Arribillaga destacó que Laguna había rectificado la fecha de su desempeño como administrador apostólico, pero ratificado el resto de sus afirmaciones, que se basaban en ese hecho falso. El presunto “error” en la fecha sólo puede entenderse como “encaminado a permitir negar o callar la verdad de algunos hechos o circunstancias”, en forma contradictoria con el resto de las pruebas obtenidas en el expediente Ponce de León.
Según Laguna nadie le habló nunca de otra cosa que un accidente producido por la niebla. Sin embargo, el presbítero José Káraman declaró que varios sacerdotes informaron a Laguna de la tirante relación que enfrentó a Ponce de León con los jefes militares de la zona y de las amenazas que recibió. Káraman mencionó otros episodios llamativos: que el Obispado no hiciera ningún juicio por la muerte de su titular, que la compañía aseguradora aceptara pagar el siniestro de auto sin investigarlo, que mientras Ponce de León agonizaba en “la Clínica San Nicolás fue rodeada en forma permanente de milicos” y lo mismo ocurrió después de su muerte durante el velorio en la Catedral. Agregó que Laguna vino a borrar la huella de Ponce de León, de quien ni quería que sus presbíteros hablaran.
Otros cinco sacerdotes lo confirmaron: Carlos Antonio Pérez Carignano, Vicario General de San Nicolás, dijo que Laguna “sabía perfectamente bien el clima de hostigamiento hacia la diócesis y Ponce de León”; Marcelo Domenech agregó que Laguna sabía todo pero no quiso actuar, porque fue “una especie de inspector”; Marcelo Lisandro Sbaffo sostuvo que durante la gestión de Laguna se perdieron meses preciosos para investigar lo que todos creían que era un asesinato, similar al cometido en La Rioja contra el obispo Enrique Angelelli. Dijo que Ponce de León “era un obispo que estaba amenazado y fue uno de los pocos que defendió a muerte a sus sacerdotes frente al poder militar”, ya que de otro modo también ellos hubieran sido asesinados.
El próximo
El chofer de Ponce de León fue uno de los que recordó que Laguna había hablado durante el funeral del obispo, que, según varios testimonios citados por la jueza Arribillaga, se realizó en una catedral tomada por fuerzas militares, en un clima de inocultable tensión. Pero además del conocimiento directo por el relato de los sacerdotes que fueron colaboradores del obispo asesinado, Laguna también conocía las amenazas previas a Ponce de León, porque el diocesano de San Nicolás las narró durante la reunión plenaria del Episcopado de mayo de 1976, a la que está documentada la asistencia de Laguna. El fiscal Murray aportó copia de las anotaciones manuscritas por el obispo de Goya, Alberto Pascual Devoto, sobre las situaciones denunciadas en esa asamblea por Ponce de León, Angelelli, Vicente Zazpe y Jaime de Nevares. El sacerdote Jorge Breazú contó en su testimonio judicial que al producirse el asesinato de Angelelli, Ponce de León le dijo “el próximo soy yo” y su colega Nicolás Gómez dijo que Ponce de León le había mostrado una nota en la que le decían que se preparara “porque en julio se te acaba” y otra con el dibujo de un ataúd, una mención al ya asesinado obispo riojano y la sentencia “ahora te toca a vos”.
La monja y docente Yolanda Filomena Berardi relató que Laguna separó a todas las religiosas de la pastoral diocesana. La jueza menciona una nota del jefe militar Manuel Saint Amant a Laguna sobre “la tirantez de relaciones” entre esa jefatura y “la anterior conducción diocesana”. Saint Amant también le pidió a Laguna el relevo del párroco de la Catedral, que venía de la gestión de Ponce de León. A estas constancias se suma un documento del archivo de Culto de la Cancillería, en el que Saint Amant analiza con el Director de Culto, su compañero de promoción José Luis Picciouolo, el alejamiento de Ponce de León de la diócesis, a cambio de la liberación de uno de sus sacerdotes que había sido detenido.
La camarista concluye que “contrariamente a lo declarado”, Laguna “conocía las amenazas contra la persona de Ponce de León”, por lo que su respuesta negativa “aparece como mendaz, toda vez que luce probable que Laguna haya negado la verdad en relación con las mismas”. Tampoco considera veraz la respuesta de Laguna cuando dijo que no conocía la existencia de archivos que contuvieran reclamos de Ponce de León a las autoridades militares o judiciales por la persecución a sus presbíteros. También tomó en cuenta que el CELS negó que alguna vez Laguna hubiera integrado sus filas, “lo que desvirtúa los dichos vertidos por el encartado, probablemente a efectos de mejorar su situación procesal”.
Mentir para salvarse
Los camaristas Fernando Lorenzo Barbará y José Guillermo Toledo adhirieron al voto de Arribillaga y recordaron que ya se habían pronunciado en ese sentido hace un año y medio, entonces en minoría. Barbará había dicho entonces que el falseamiento de las fechas fue “la excusa para callar una verdad conocida” sobre otros aspectos de la investigación. Para Toledo, Laguna pudo haber tenido alguna responsabilidad por hechos posteriores vinculados al homicidio. Sus declaraciones sobre actos propios serían una falta “cometida por la necesidad de salvarse”. También adhirieron a los fundamentos de Arribillaga los camaristas Elida Vidal, Edgardo Bello y Carlos Carrillo. Pero después de descalificar la decisión de Villafuerte Ruzo, Bello y Carrillo votaron por devolverle el expediente para que él mismo volviera a pronunciarse, en línea con lo señalado por el tribunal. El Poder Judicial mostró una especial reticencia a investigar estos casos, por lo que la decisión de la Cámara Rosarina marca un cambio de tendencia. La ficción de una dictadura sólo militar, sin apoyos ni complacencias de otros sectores de la sociedad ya no se sostiene y a partir del falso testimonio, podría ampliarse la imputación a Laguna por encubrimiento del asesinato de su hermano de sacerdocio, a quien consideraba un extremista radical.
Para ello sería imprescindible que se apartara de la causa el juez Villafuerte Ruzo, quien ya fue recusado por el fiscal Murray y por los querellantes en otras causas similares, porque su hermana está casada con el general Enrique Bonifacino, directivo de asociaciones como el Círculo Militar y el Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas, que consideran los juicios por crímenes de lesa humanidad como agresiones a las Fuerzas Armadas. Además, Villafuerte Ruzo demoró cuatro años el proceso resistiéndose a incorporar pruebas sobre las denuncias que había formulado Ponce de León en la Conferencia Episcopal y las amenazas que recibió, y, en otra causa, calificó estos procesos como una injusticia que le había sido impuesta y postuló “el perdón invocado en Cristo”, consideración religiosa que no puede oponerse a la actividad judicial.
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