El reclutamiento lo hacían a través de avisos en los diarios del Perú. Los empleadores engañaban a los trabajadores prometiéndoles un buen trabajo en la Argentina, con un sueldo de $ 2.500 mensuales. Sin embargo, cuando llegaban al país se encontraban con una realidad totalmente distinta ya que les pagaban $ 1.000 mensuales a los cuales se les descontaba $ 200 pesos en concepto de alojamiento.
También los engañaban con el horario laboral. Les prometían una jornada de 9 a 13 y de 14 a 19, pero la realidad trabajaban desde las 9 hasta las 22.
La vivienda era alquilada por la empleadora, quien los amenazaba con despedirlos en caso de denunciar esta situación a las autoridades. Todos los trabajadores se desempeñaban en forma ilegal en el país, situación que fue relevada por la Dirección Nacional de Migraciones.
Los trabajadores explotados estaban hacinados en un pequeño local comercial, asimilado a un departamento sin ventilación y con un anafe en el mismo lugar donde trabajaban y dormían, sin las mínimas condiciones de seguridad e higiene.
También participaron del operativo funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones y del Departamento de Protección de las Personas de la Policía de la provincia de Córdoba.
El operativo fue llevado a cabo en virtud de órdenes de allanamiento emitidas por el Juzgado Federal N° 2 a cargo del Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Penal a cargo del Dr. Maximiliano Davies.
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