En poco más de una hora de reunión, Domínguez estimó que según el relevamiento que hizo hasta ahora el Consejo Federal Registral que coordina el Ministerio de Justicia, unos "7 millones de hectáreas están en manos de extranjeros o sociedades de otra nacionalidad", pero admitió que según datos extraoficiales la cifra podría llegar a 17 millones de hectáreas.
Por ello, el ministro marcó la necesidad de contar con una ley que unifique las normativas locales, a la vez que aseguró que el proyecto del Poder Ejecutivo "no afectará derechos adquiridos".
La exposición de Domínguez marcó el inicio del tratamiento del proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el 27 de abril último.
La presidenta de la Comisión de Legislación General, la pro-kirchnerista Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), había invitado a los miembros de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Agricultura y Ganadería -ambas conducidas por diputados de la oposición- para escuchar al ministro, ya que también son competentes para tratar la iniciativa.
Sin embargo, Graciela Camaño (Peronismo no K) no convocó a la comisión de Asuntos Constitucionales con la excusa de que el proyecto del PEN no tiene giro al cuerpo, en tanto que el titular de la comisión de Agricultura, el radical Juan Casañas, días atrás adelantó que no iría a la reunión porque sospechaba que el oficialismo iba a hacer "un show" con el tratamiento del tema.
Ibarra lamentó la ausencia de las otras dos comisiones y advirtió que si ambos cuerpos declinan participar en la próxima reunión conjunta que convoque planteará la situación en el recinto de la Cámara para que las obliguen a hacerlo.
Además, aprovechando que la reunión de su comisión tenía quórum gracias a la masiva asistencia de diputados del Frente para la Victoria para escuchar al ministro, se acordó unificar los giros a comisiones de los catorce proyectos -es decir otros trece además del oficialista- presentados en la Cámara para limitar la extranjerización de tierras.
Hubo consenso entonces para que todos los proyectos sean considerados por las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Agricultura.
En tanto, Domínguez abundó en explicaciones sobre el proyecto del PEN, al destacar que permite la propiedad de "hasta el 20 por ciento de tierras rurales por parte de personas extranjeras"; de ese 20 por ciento sólo hasta el 30 por ciento podrán poseer personas de una misma nacionalidad extranjera y no admitirá que una persona extranjera pueda ser dueña de hasta mil hectáreas.
El proyecto de ley "no afecta derechos adquiridos", destacó Domínguez y precisó que "si hay casos particulares, se discutirán caso por caso".
En otro orden, el ministro marcó la necesidad de que el Ministerio de Justicia "coordine con las provincias" los registros de tierras disponibles.
Domínguez manifestó que "en 40 años la población va a crecer en un 50 por ciento" y según la FAO la demanda de alimentos crecerá un 60 por ciento, lo cual potenciará el rendimiento como proveedor de América Latina en general y de la Argentina en particular, donde la oferta de tierras seduce a extranjeros, incluidos -señaló- "otros estados soberanos" que quieren adquirir hectáreas en el país.
Al respecto, Domínguez explicó que en la Argentina "el techo de producción para la década es pasar de 100 millones de toneladas a 160 millones de toneladas" y apuntó que "hay un mayor incremento del valor de la tierra en la Argentina con riego".
La única que preguntó al ministro fue la diputada Verónica Benas (SI), autora de uno de los proyectos que están en tratamiento.
La legisladora consideró que el porcentaje del tope para adquirir tierras por parte de extranjeros tendría que ser el 10 por ciento pero Domínguez respondió que como todavía se está haciendo el Registro Nacional, eso podría terminar afectando derechos adquiridos.
También planteó al ministro la conveniencia de incluir la protección de las tierras que son para propiedad colectiva de pueblos originarios que la habitan una vez que se sancione la ley respectiva, pero el asesor jurídico del Ministerio, el constitucionalista Eduardo Barcesat señaló que el proyecto del PEN "no es una ley general de suelos", sino que "tiene un objeto acotado". (DIB)
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