Se derogarían dos decretos leyes dictados durante los gobiernos de facto de Onganía y Videla, los cuales establecen insólitos recargos en el costo de la energía eléctrica consumida en la provincia. Fondos que se utilizan para el pago de la deudas externa que contrajo la provincia para la construcción de una central térmica en Bahía Blanca en 1978 que act ualmente está privatizada. En 1986 se tenía construida el 70% de la obra y se aumento el impuesto en un 90% a efectos de financiar la finalización de la obra cuyo costo se estimaba en 260 millones de dólares. Hasta fines del 2008 lo recaudado por este impuesto alcanzaba 4.300 millones de pesos.
El diputado socialista Carlos Nivio, con este proyecto de ley propone la derogación de dos decretos leyes y la modificación de otra, en relación con una serie de impuestos que producen un elevado incremento en el costo de la energía eléctrica que deben pagar los bonaerenses.
De acuerdo con un detallado estudio efectuado por el legislador los recargos que se ven obligados a abonar los usuarios de un servicio básico como es el de electricidad representan, en el caso de viviendas, casi un 50% de aumento sobre el costo de la energía efectivamente consumida.
Según se indica, podría reducirse el 22,1% de los adicionales aplicados a los usuarios, lo que disminuiría en un 15% la suma que deben pagar por la electricidad. Se trata de recargos destinados a una central eléctrica que nunca se construyó, para otra que hace tiempo se terminó, por obras que la provincia ya no realiza.
Para el diputado socialista: “Los abusivos gravámenes aplicados en cada factura, constituyen una pesada carga para toda la población, pero que castiga especialmente a las familias de bajos y medios ingresos, quienes no pueden prescindir del consumo de electricidad”. Asimismo, agregó que “si la incorporación de estos recargos resulta cuestionable por su regresividad, más aún lo es si consideramos el origen y los fines de imposición de varios de ellos”.
En ese sentido Carlos Nivio destacó: “De la investigación efectuada surge que de los siete impuestos aplicados, cuatro corresponden a leyes dictadas con anterioridad al actual marco regulatorio que privatizó la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica en el país. Este no es un dato menor ya que los dos decretos ley dictados durante los gobiernos de facto de Onganía y de Videla, impusieron recargos en las facturaciones del servicio con destino a obras de infraestructura eléctrica que por entonces eran responsabilidad de las empresas estatales, pero que a part ir del año 1992 quedaron a cargo de las empresas privadas concesionarias”.
Además indicó: “A estos impuestos, por los que el gobierno nacional y el provincial recaudan grandes sumas de dinero para fines que habrían caducado, se deben agregar dos nuevos recargos establecidos durante la gobernación del Dr. Duhalde en el año 1997, por medio de los cuales se transfirió el pago de los impuestos provinciales y los tributos municipales de las empresas multinacionales distribuidoras, directamente a los consumidores en cada facturación”.
El diputado Carlos Nivio expresó finalmente que: “La gran mayoría de los impuestos con que se recarga el consumo eléctrico, constituyen una burla para el conjunto de la población, algo que se evidencia en la investigación que hemos realizado respecto a cada una de las leyes aplicadas. Por ese motivo, he planteado la aprobación de un proyecto de ley por parte de la Legislatura de la provincia, a fin de derogar los decretos ley y la modificación de dos artículos del marco regulatorio ya que carecen actualmente de sentido y sólo sirven para aumentar el costo de la energía elé ;ctrica que pagan los bonaerenses”.
SINTESIS DE LAS LEYES QUE SE SOLICITA DEROGAR Y MODIFICAR
En el extenso informe que constituye la fundamentación del proyecto de ley presentado, se pone en evidencia la magnitud de los montos de dinero recaudados por adicionales en las facturas. Suman un total de 48,70 % de recargo -21,6 % para la Nación, 21,1 % para la Provincia y 6 % para los municipios- por los siguientes ítems: IVA (21 %), Ley 23681 (0,6 %), Decreto Ley 7290/67 (10 %), Decreto Ley 9038/78 (5,5 %), Ley 11769 (5 %), Art. 74ª (0,6 %), Art. 75º (6 %) La recaudación anual por todos ellos ascendería a más de $ 1.800 millones.
Decreto Ley 7.290 / 67
Hace 37 años, durante el gobierno de facto del general Onganía, se estableció para los habitantes de la provincia de Buenos Aires un impuesto a ser aplicado en las facturas de electricidad a efectos de crear un “Fondo Especial para el Desarrollo Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires”. Inicialmente el cargo era del 2%, pero fue incrementado hasta el 10% con que actualmente se aplica en los consumos de las viviendas. Estaba destinado a costear obras a realizar por las empresas estatales para expandir los sistemas y servicios de electricidad en el ámbito provincial. A partir de la privatización del sistema eléctrico al -a comienzos de la década del 9 0-, el mismo pasó a manos de empresas privadas, por lo que carece de sentido este impuesto debido a que el Estado ya no realiza este tipo de obras.
El Gobierno provincial recauda anualmente aproximadamente $ 120.365.000 por este adicional, cifra que hasta el año 2008 equivaldría a $ 18.763 millones.
Decreto Ley 9.038 / 78
En 1978, durante el gobierno de facto del general Videla, se dictó dicho el Decreto Ley Nº 9.038 por medio del cual se estableció -en principio- un recargo del 3% en cada factura de electricidad por consumo residencial, aunque luego ese índice se elevó al 5,5%. El impuesto tenía por finalidad la construcción de la “Central de Acumulación por Bombeo en Laguna La Brava” y, complementariamente, una central eléctrica en el área de Bahía Blanca. Sin embargo, a pesar de cobrarse el impuesto durante más de 30 años, el proyecto a realizarse en Laguna La Brava nunca se concretó , mientras que en Bahía Blanca fue terminada durante la pasada década una central térmica, la que actualmente está a cargo de la empresa CT Piedrabuena S.A., motivo por el cual se desconoce cual es el destino de las sumas recaudadas por este tributo en toda la provincia (se estima en más de 1.600 millones de pesos por año).
La recaudación por este recargo sería de aproximadamente $ 66.201.000 al año. El acumulado hasta el año 2008 para las “obras” mencionadas sumaría unos $ 4.300 millones.
Artículo 74º de la Ley 11.769
En el año 1997, durante el gobierno provincial encabezado por el Dr. Duhalde, fue sancionada la Ley 11969 por la cual se impuso a los bonaerenses el pago de dos nuevos gravámenes a pagar con cada factura de electricidad. Uno de ellos quedó incorporado a la Ley 11769 como artículo 74º, estableciendo un recargo del 0,6% sobre el costo de la energía consumida. De manera sorprendente, el mismo tiene por finalidad transferir a los usuarios del servicio el pago de impuestos provinciales que deberían efectuar las empresas distribuidoras. De tal forma, con cada factura los bonaerenses les pagamos los correspondient es a sus inmuebles, a las patentes de sus automotores, por sus sellados y por los Ingresos Brutos.
Anualmente, los usuarios de energía eléctrica abonamos una cifra aproximada a los $ 21.429.000 para dichas empresas.
Artículo 75º de la Ley 11.769
A través de la misma norma aprobada en el año 1997, se dispuso también la incorporación a la Ley 11769 -artículo 75º- de otro adicional al costo de la energía eléctrica. En este caso se trata de un gravamen del 6 % destinado a transferir en forma directa a los usuarios el pago de las contribuciones por Tasas, Derechos y servicios municipales, que les corresponde abonar a las empresas privadas distribuidoras de energía eléctrica (EDEA SA, EDEN SA y EDES SA) en la provincia de Buenos Aires.
Respecto a este gravamen en particular, los bonaerenses pagan en forma discriminada como adicional en las facturas unos $ 214.389.000 por año.
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