• La evasión descubierta equivale a 429.000 toneladas de cereal comercializado en forma marginal, es decir 14.310 camiones con sus respectivas cartas de porte.
• Hay dos personas detenidas.
• La Justicia Federal autorizó las escuchas telefónicas.
• La evasión responde a una operatoria marginal de 460 mil pesos.
• Se encontrarían involucradas al menos cinco empresas “fantasma”, tres asesores, un facilitador y cuatro “prestanombres”.
• La organización operaba desde las ciudades de Córdoba, Bell Ville, Villa María, Laguna Larga y Pilar.
Tras 16 allanamientos ordenados por la Justicia Federal y una investigación que contó con escuchas telefónicas avaladas judicialmente, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desenmascaró el funcionamiento, la logística y el “armado” de una banda dedicada a la generación de facturas apócrifas en Córdoba, que evadió casi 100 millones de pesos. Hay dos personas detenidas, a disposición del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes.
La investigación comenzó a partir del cruce de datos realizado entre las bases informáticas de la AFIP y las escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia Federal. A partir de esa información, se allanaron 16 domicilios ubicados en la capital cordobesa y en el interior de esa provincia, con el fin de confirmar el “modus operandi” de la banda dedicada a la comercialización de facturas “truchas”. Los allanamientos fueron solicitados por Graciela López de Filoñuk, quien está al frente de la Fiscalía Federal N° 3 de Córdoba.
Maniobras millonarias
Mediante la simulación de cuantiosas compras y ventas de granos, la banda generó falsos créditos fiscales y saldos de libre disponibilidad en IVA a nombre de las empresas “fantasma” creadas por ellos. Luego, comercializaba a un alto precio los ficticios montos generados.
De esta manera, en poco más de un año sólo una de las usinas de facturas falsas creadas por la banda generó operaciones marginales por más de 58 millones de pesos.
En el mismo período, otra de las empresas a nombre de contribuyentes apócrifos “facturó” ventas por 430 millones de pesos, mientras que una tercera efectuó operaciones falaces por más de 320 millones de pesos.
Cabe destacar que estas tres usinas mencionadas son sólo un ejemplo de las numerosas “carpetas apócrifas” manejadas por la organización delictiva investigada.
Las cifras de la evasión descubierta equivalen a 429.000 toneladas de cereal comercializado en forma marginal, es decir 14.310 camiones con sus respectivas cartas de porte.
En la operatoria se encontrarían involucradas 5 empresas fantasma, 3 asesores, 1 facilitador y 4 prestanombres.
La organización advertida operaría esencialmente desde las ciudades de Córdoba, Bell Ville, Villa María, Laguna Larga y Pilar.
Operativo conjunto
Más de un centenar de agentes de la AFIP participaron de los procedimientos junto a la Policía Federal Argentina y Policía cordobesa. Luego de inspeccionar los domicilios allanados, los investigadores impositivos secuestraron una voluminosa información documental que acreditaría las maniobras realizadas por la asociación ilícita y su vinculación con la comercialización de facturas apócrifas.
A la banda se le imputa la creación de facturas falsas a nombre tanto de personas físicas como de personas jurídicas. Para ello utilizaron a personas de escasos recursos, quienes habrían facilitado sus datos y su firma para inscribirse en el Registro Fiscal de Operadores de Granos como productores o acopiadores. De esa manera, pudieron obtener las facturas, liquidaciones de compra, carta de porte, códigos de trazabilidad, cuentas bancarias y demás elementos necesarios para simular operaciones de compraventa de granos.
La organización estaría integrada tanto por sujetos particulares que se dedicarían a comercializar los comprobantes falsos aludidos como por profesionales de ciencias económicas quienes también participarían en las maniobras observadas.
La Ley 24.769 prevé penas de tres años y seis meses a diez años de prisión para el delito de “asociación ilícita fiscal”. Para quienes resulten ser jefe y organizador, la pena mínima se eleva a cinco años de prisión. En todos los casos, no son excarcelables.
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