A partir de esta información, la cartera que conduce Guillermo Moreno podría comenzar a analizar la posibilidad de presentar una denuncia penal a raíz de estos descubrimientos.
La anomalías comprenderían entre otras cuestiones el manejo de información respecto a la evolución de precios del papel que comercializan, la presunta aplicación de quitas y tasas especiales a las deudas contraídas por Clarín y La Nación antes de la crisis de fines de 2001 y la política de recompra de los diarios no vendidos.
La Comisión Fiscalizadora de Papel Prensa está integrada por dos directores en representación del Estado (Daniel Reposo, titular de la Sindicatura General de la Nación; y Agustín Tarelli, síndico general adjunto) y un tercero en nombre del sector privado.
Entre las anomalías detectadas, las fuentes señalaron que "previo al aumento de precios en los meses de agosto y octubre del año pasado, teniendo el manejo de la información beneficiaron a los diarios Clarín y La Nación con la venta de un fuerte stock de manera anticipada, lo que produjo una pérdida considerable a Papel Prensa".
También, según las mismas fuentes, habrían firmado "un convenio de refinanciación de deuda ante el fuerte endeudamiento que tenían antes de 2003, en el que le condonaron el 72 por ciento de los intereses al Grupo Clarín y a La Nación S.A., junto a un nuevo plazo de pago de 32 meses para para pagar el resto de la deuda con una tasa diferencial ubicada por debajo de la Libor".
A los restantes diarios y a las editoriales radicadas en el interior del país "le aplicaron intereses superiores y no le hicieron quitas, con lo que beneficiaron a parte de su grupo económico", agregaron las fuentes.
La tercera anomalía está relacionada con los diarios que se devuelven y recompran: "El Grupo Clarín acapara el insumo y devuelve el 19 por ciento de todo el papel que compra, con lo que satura los kioscos con sus ejemplares. Eso impide que los demás puedan acceder al papel y los obliga a acudir a importaciones", remarcaron las fuentes.
En el Gobierno nacional sostienen que los accionistas privados pretendieron en su momento sacar a los representantes del Estado en la Comisión Fiscalizadora.
Según las fuentes consultadas por Télam, los accionistas privados habrían incumplido de esta forma con "la Ley de Sociedades en lo que respecta a la buena fe", mientras que en material penal habría ejercido "un uso arbitrario del manejo de información beneficiando a sus partes relacionadas en detrimento de las demás editoriales de todo el país".
La semana pasada, luego de que la justicia los restituyera a partir de una presentación formulada por la CNV, volvieron a participar tres directores que representan al Estado en el directorio de Papel Prensa, que cuenta con un total de 10 integrantes.
La Secretaría de Comercio Interior es quien representa al Estado dentro del directorio de Papel Prensa
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