El proyecto -aprobado por 190 votos a favor- contó con el respaldo en el recinto del Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro, la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, GEN, el Peronismo Federal y Proyecto Sur, en tanto que el PRO y la Coalición Cívica se abstuvieron.
Entre sus puntos centrales, se establece que, a partir de cierta cantidad de años de aportes, las prepagas no podrán aumentar las cuotas para esos afiliados mayores, por entender que los aportes que hicieron de jóvenes saldan ampliamente la brecha.
Además, no habrá plazos extensos irrazonables de carencia, a diferencia de lo que ocurre actualmente en cuanto a que las prepagas exigen determinada cantidad de pagos para que el afiliado pueda hacer uso efectivo del servicio. De esta manera, la Cámara de Diputados aceptó las modificaciones realizadas el año pasado por el Senado sobre la sanción original votada en 2008 por la cámara baja.
Se trata de un proyecto marco que el Congreso intentó debatir desde hace varios años para buscar regular la actividad de las empresas privadas que prestan servicios médicos a más de 4 millones de personas en el país.
El punto más cuestionado por algunas prepaga es el artículo 10 que establece que las "enfermedades preexistentes pueden establecerse por declaración jurada y otros medios complementarios a cargo de la entidad de medicina prepaga, y podrán ser tenidas en cuenta a efectos de admitir nuevos usuarios".
Al defender el texto en el recinto y abrir el debate, el titular de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el kirchnerista Antonio Morante, consideró "oportuno y más que necesaria" la sanción de la ley que regula la medicina prepaga. En ese mismo sentido, se pronunció al cierre del debate, el titular del bloque oficialista, Agustín Rossi, aseguró que se trata de "una buena ley" y recordó fue elaborada "en base a las denuncias históricas y permanentes que realizaron usuarios y consumidores del sistema".
"Desde el radicalismo, Agustín Portela, vicepresidente de la comisión de Salud de la cámara baja, consideró que el tema "tiene una implicancia social muy fuerte" aunque cuestionó algunos puntos, al sostener que "no fue armada con el sentido de establecer una regulación que garantice el equilibrio de funcionamiento del sistema de prepagas".
A su turno, el diputado del Peronismo Federal, Felipe Solá, respaldó el proyecto y dijo que escuchó "varias veces la idea que con estos cambios peligra el futuro de las prepagas cuando, en realidad lo que peligra es la altísima rentabilidad, peligra el liberticidio de poder hacer lo que quieren y romper el contrato que deberían cumplir".
| 
