El beneficio surge de la ley 14.042 promulgada en octubre de 2009 por el gobernador. La norma establece una pensión de 6000 pesos para aquellos que durante la última dictadura militar fueron condenados por un Consejo de Guerra, puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y/o privados de su libertad como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas u otras fuerzas de seguridad, por causas políticas, gremiales o estudiantiles.
“El Gobierno de Scioli está a la vanguardia en la defensa de los derechos humanos, del reconocimiento para aquellos que lucharon por sus ideas. Para nosotros, los derechos humanos son un tema del pasado, del presente y del futuro y es compromiso de gestión avanzar en hacer valer los derechos de todos los vecinos de nuestra querida Provincia”, destacó Pérez.
La Secretaría de Derechos Humanos provincial, estima que de los 3.500 bonaerenses que fueron víctimas del terrorismo de estado, casi la mitad ya reciben asistencia por parte del gobierno provincial. Entre ellos, hay hijos de ex detenidos que al momento de la aprehensión quedaron a cargo de familiares o amigos de sus padres.
Al respecto, Scioli sostuvo que “esta medida busca la reparación, en alguna medida, ante el dolor de estos ciudadanos que fueron perseguidos por creer en la política como herramienta para cambiar la realidad. Y que postergaron objetivos personales para defender sus ideales”.
Para otorgar la pensión se utiliza como base el Registro Provincial de ex-presos políticos, impulsado por el Gobernador con el objetivo de conocer la cantidad potencial de beneficiarios y además realizar aportes concretos al esclarecimiento de sucesos ocurridos durante la última dictadura. De los 1.602 los beneficiarios, el 75 por ciento son hombres. Además, del total, el 64 por ciento tiene un trabajo, el 25 es jubilado y el 9 por ciento se encuentra desocupado. (DIB)
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