La policía cordobesa con el exhorto judicial se llevó de Colón papeles y documentación luego de allanar las oficinas de Juan Carlos Fraga, ubicada en calle 48 entre 22 y 23. Lo secuestrado esta siendo analizado por los peritos y tendía importancia para ser agregado al expediente.
La justicia cordobesa no descarta que luego de "estudiar" la documentación que se secuestró, la causa iniciada allá por el 2003, se extienda a territorio bonaerense. Llamaría poderosamente la atención que en el operativo se habrían secuestrado "papeles" de sucesión de campos y terrenos ubicados en nuestro distrito. Cabe destacar que el abogado detenido tiene la causa judicial en su contra en el Juzgado de Control Nº 1 del Dr. Esteban Díaz y la Fiscalía de Distrito 1 Turno 1 a cargo del Enrique Gavier.
Un trascendido de máxima confianza señaló a Colón Doce que Fraga ya declaró y quedó detenido, y está acusado de Supresión de Instrumento Público, Falsificación de Instrumento Público, Falsedad Ideológica.
Por otro lado, la misma fuente confirmó que un campo donde habría mediado Fraga se encuentra en Pozos de los Arboles Departamento de Tulumba en el norte de Córdoba. También existe un segundo campo a las afueras de la capital cordobesa.
También se agregó que no se descarta estafa en la provincia de Buenos Aires. En Santa Fe, una familia fue estafada comprando un campo de Córdoba inexistente.
UN COROLARIO
La denominada "causa del Registro" constituye el corolario de la unión de todos aquellos procesos en lo que se investigan supuestas maniobras delictivas producidas dentro del Registro General de la Provincia de Córdoba.
El caso salió a la luz cuando los herederos de Sara Sobai de Csaky, concurrieron al campo y fueron amenazados por los ocupantes, quienes exhibieron armas de fuego.
La denuncia develó una red delictiva que blanqueaba títulos de inmuebles, rurales y urbanos, desocupados o poco frecuentados por sus propietarios.
Todos los acusados están imputados por el delito de usurpación, falsedad material de instrumento público continuada, supresión de instrumento público y falsedad ideológica.
En la megacausa suman hasta la fecha 51 personas juzgadas de las cuales 49 fueron condenadas y dos absueltas en el marco de la causa que tiene alrededor de 200 imputados. Abogados, escribanos, contadores, empresarios, funcionarios públicos, jueces de paz, gestores, comerciantes y algunos millonarios han sido parte de la sideral estafa que tuvo como base de operaciones al Registro General de la Provincia (más conocido por Registro de la Propiedad).
El escándalo estalló a fines de 2003, cuando se iniciaron las investigaciones, pero el primer juicio oral y público recién comenzó el 5 de agosto de 2008. La casi totalidad de las decisiones que tomaron los fiscales de instrucción que intervinieron, en su mayoría por prisiones preventivas y pedidos de elevación a juicio, fue confirmada luego por los jueces de control y posteriormente por la Cámara de Acusación, de modo que los primeros expedientes llegaron a juicio en 2007. Las demoras obedecieron a la batería de planteos (o "chicanas") utilizadas por los abogados defensores, que reclamaron desde recusa- ciones hasta pedidos de suspensión del juicio a prueba, o probation. Esos "palos en la rueda" significaron demoras de meses.
Los hechos que se juzgan desde hace más de dos años están vinculados con la falsificación de títulos de alrededor de mil inmuebles (entre casas, departamentos y campos), delitos que se habrían consumado entre 2003 y 2006, inclusive. Según las autoridades del Registro, no se presentaron nuevas denuncias durante 2007, 2008, 2009 y 2010, obviamente debido a la respuesta que dio y está dando la Justicia, hasta el momento.
Una característica particular de estas investigaciones es que gran parte de las causas se refieren a propiedades de mucho valor, sea por tamaño, por ubicación geográfica o también por ambos motivos.
Entre los últimos casos juzgados, hubo una propiedad de 78 hectáreas, ubicada en Chacra de la Merced, jurisdicción de la Capital, cuyo valor se estima superior a los dos millones de dólares. En esta causa estuvo imputado y fue condenado uno de los hombres más ricos de Córdoba. Cuando el presidente de la Cámara le preguntó "cómo se llevaba con la Afip", el hombre respondió "muy bien". Rojas Moresi repreguntó para que el imputado diera una estimación de su fortuna. "Son unos 50 millones". El juez lo interrumpió: "¿De pesos?", "No, de dólares", aclaró el millonario, que fue condenado a cinco años de prisión.
INMUEBLES AFECTADOS.
Para reflejar las maniobras multimillonarias que se están juzgando, podrían mencionarse algunos de los inmue- bles que ya fueron motivo de causas resueltas.
Entre ellos, figuran los siguientes: 10.300 hectáreas en Tulumba, valuadas en 1,5 millón de dólares; 13 mil hectáreas en el norte de Córdoba, límite con Santiago del Estero, cotizadas en un millón de dólares; otras tres mil hectáreas en Tulumba (335 mil dólares); 8.678 hectáreas en Los Pozos, departamento Tulumba (700 mil dólares); 132 hectáreas en Los Reartes, departamento Calamuchita; 304 en el departamento Río Primero; 231 en Cruz del Eje; cinco hectáreas en el ex Hípico de Alta Gracia; una casa al lado de la Catedral de Villa María; lotes de terreno en Villa Carlos Paz, Río Ceballos, Villa del Lago, Villa San Roque, Athos (o Atos) Pampa y en el barrio capitalino Villa Rivera Indarte.
En trámite de juzgamiento, aparecen las siguientes propiedades: 400 hectáreas en Marcos Juárez, 95 en la Banda del Río Primero (Córdoba), 299 en Río Segundo, 136 en la comuna de San Roque, 20 en el departamento Colón, 508 en Cruz del Eje y 355 hectáreas en Río Seco. También hay campos de 155, 136 y de 24 hectáreas en Río Primero, y otros de 406, 148 y 65 hectáreas en Tulumba (aca estaría sospechado el abogado colonense).
En el ámbito de la ciudad de Córdoba, se mencionan 300 lotes de terreno en barrio Alberdi, dos casas en Marqués de Sobremonte, departamentos en bulevar Cha- cabuco, calle Santa Rosa y Nueva Córdoba, barrio este último donde aparece, además, un inmueble de 2.675 metros cuadrados.
Una compleja trama financiera y de fraude que empieza a tener coletazos por doquier
La importante investigación a cargo de la Justicia de Córdoba esta llevando a la desarticulación de una megabanda que se dedicaba a fraguar y falsificar escrituras de bienes inmuebles y tomar créditos bancarios con sociedades inexistentes. Hay entidades financieras que denunciaron la entrega de 1,5 millones de pesos a la organización delictiva que está integrada por escribanos, abogados y gestores inmobiliarios. El coletazo llegó a Paraná donde se buscaba a un procurador por Estafas, Falsificación de instrumento público y Falsedad ideológica.
La causa judicial se inició cuando el Banco Municipal de Rosario denunció que una sociedad anónima le pidió un crédito presentando documentación y escrituras falsas de propiedades y campos en el Litoral. Numerosas mutuales fueron estafadas con el mismo modus operandi en Córdoba, Santa Fe y Rosario. La banda tuvo como campo de operaciones también las provincias de Santiago del Estero, Mendoza y Salta. El procurador mediante empresas fantasmas gestionaba créditos que luego no serían abonados.
La mancha de aceite parece extenderse. En Colón fue detenido un abogado y llamaría la atención las causas que estaría llevando. Una cliente debería escriturar un campo que fue vendido y existe reclamo de los herederos. El tema no sería menor y se debe seguir de cerca. Las escrituras en Córdoba estaban firmadas por personas que eran indigentes y a cambio le habrían dado algún dinero. Una de las Sociedades Anónimas era presidida por un hombre de noventa años y el segundo era un indigente.
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