La iniciativa fue anunciada por la presidenta Cristina Fernández en la casa Rosada el miércoles 27 de abril. Contempla, entre otras cuestiones, un tope de hasta 1.000 hectáreas para un mismo titular y fija máximos para la participación de sociedades extranjeras.
Además, determina en un "20 por ciento el límite a toda titularidad de dominio de tierras rurales en el territorio nacional" para personas y empresas. Pero, en caso de personas y empresas extranjeras de una misma nacionalidad, "no podrán superar el límite de 30 por ciento del porcentual asignado en el artículo 7", es decir, un 30 por ciento de ese 20 por ciento mencionado.
La iniciativa recibió el respaldo del oficialismo, del radicalismo, y de Proyecto Sur, mientras que el PRO expresó sus objeciones a este proyecto diseñado desde el gobierno nacional. Se estima que el proyecto, remitido al Congreso Nacional, será girado a las comisiones de Legislación General, y Agricultura y Ganadería.
La norma, denominada de "Protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión, o tenencia de tierras rurales", tendrá en cuenta la localización de las tierras, su "capacidad y calidad para uso y explotación", y la "situación de otras tenencias de tierras rurales del adquiriente", a la hora de fijar límites.
"Es una ley de pocos artículos que tiene por objeto conservar en el dominio nacional, no estatal, ya que es una cuestión de todos los argentinos y fundamentalmente de los que tienen capacidad para invertir y hacer producir la tierra", dijo la mandataria durante el anuncio de la nueva ley.
La Presidenta precisó que uno de los aspectos incluidos en el proyecto de ley sobre tierras que el Ejecutivo envía al Congreso será la creación de "un registro único de tierras rurales", que permitirá tener "un cuadro de situación".
Cristina Fernández remarcó que en el país existe un "profundo déficit de información sobre cuál es el estado dominial de las tierras rurales porque los registros de propiedad son provinciales".
"Estamos enviando la ley al Parlamento, para que sea tratada con mucha celeridad, para lo cual otorgamos un plazo de 180 días para poder hacer el catastro nacional", afirmó.
En ese sentido, aseguró que esta ley "no afectará los derechos ya adquiridos, porque eso sería cambiar las reglas de juego y perjudicar a los que adquirieron tierras con anterioridad", y Argentina quiere ser "un país normal y serio que defiende, cuida y protege su patrimonio nacional".
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