Tati Almeyda consideró como un "avance maravilloso" el pedido de los fiscales platenses y estimó que sirve cómo una prueba más de que la justicia avanza. Por razones de edad, somos las más interesadas en que esa justicia llegue rápido, para poder compartir ese momento", sostuvo en diálogo con Télam.
Por su parte, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, opinó que el dictamen es un avance en el juzgamiento de "un delito aberrante, cometido en el marco del terrorismo de estado".
"Las amenazas y todos los hechos probados demuestran cómo les robaron" Papel Prensa a sus dueños, para traspasar sus acciones "a los diarios Clarín, La Nación y La Razón", dijo Carlotto a Télam.
La calificación de "crimen de lesa humanidad" por parte de la Unidad Fiscal "es un tema muy jurídico, pero desde el aspecto de ciudadana y de la lucha por los derechos humanos, entiendo que deben ser condenados los responsables de esos hechos", agregó.
"El juzgamiento oral y público contra militares y policías que cometieron crímenes de lesa humanidad debe extenderse a los civiles que fueron sus cómplices, por ejemplo en este caso", concluyó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo.
En tanto, el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alem, definió como un "crimen de lesa humanidad" a la transferencia accionaria de Papel Prensa realizada entre 1976 y 1977.
En declaraciones formuladas a Radio América, el funcionario expresó que "los hechos denunciados en la causa constituyen actos de lesa humanidad" y agregó que "hoy sólo quedan Jorge Rafael Videla, José Alfredo Martínez de Hoz y Raymundo Podestá, quienes participaron del siniestro".
Alem coincidió con la Unidad Fiscal Federal de La Plata -que, a su vez, hoy calificó como crimen de lesa humanidad a la transacción de acciones de la empresa-, y añadió que "se acredita de manera suficiente la evidencia de coacciones durante la transferencia a los diarios Clarín y La Nación".
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