También es Investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas y subdirector del Centro de Estudios para la Planificación del Desarrollo (CEPLAD), ambos de la UBA.
Asimismo, reviste como Investigador Adjunto del CONICET y del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (CENDA). Por si faltara agregar títulos, Kicillof, ejerce la docencia en varias casas de altos estudios de la UBA.
Su cargo de Subgerente General del grupo Aerolíneas Argentinas – Austral, lo ocupa desde febrero, con licencia sin goce de sueldo por desempeñar un cargo estatal de mayor jerarquía.
Sin embargo, a partir de la resistencia insólita de la empresa Techint para aceptarlo como reemplazante de Aldo Ferrer (ahora embajador en Francia), el monopolio mediático y su caterva de repetidores crónicos, intentaron reducir sus antecedentes, a “Director de La Cámpora”, y sin desmedro de ello, cargo que su CV (ir a link: https://sites.google.com/site/akicillof/) no indica que tenga en esa agrupación política.
Dicho esto, que además no pasa de lo anecdótico, el punto es la función que tiene el representante de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en una empresa privada con participación estatal: el de ejercer los derechos políticos que le otorga la legislación vigente a este organismo del Estado en una Sociedad Anónima.
Particularmente en el caso de la Anses, por el hecho de poseer nada menos que casi el 26 por ciento del paquete accionario de Siderar, ese derecho también constituye un deber: nada menos que, el de cuidar los intereses de los trabajadores, actuales aportantes y futuros jubilados del sistema provisional argentino.
Sentido común
Kicillof dice en la formalidad que "no se entiende bien cuál es el problema", por la negativa de Techint de admitirlo en el directorio de la empresa, pero los que no somos economistas pero si testigos del gran desfalco que sufrió la argentina en otras épocas de manos del Estado prebendario y corrupto, podemos presumir que como dijo Vargas Llossa, “solo se prohíbe lo que se teme”, entonces la pregunta que surje es: ¿qué temen las autoridades de Techint con el ingreso del representante del Estado a su directorio, tal como lo prescribe la legislación vigente propia de un Estado capitalista?.
Fantasmas
Al respecto, Kicillof, consideró que "No se plantea vulnerar el derecho del directorio ni nada por el estilo", ya que con un 26 % de acciones, el Estado argentino no tiene posibilidad de tomar ninguna decisión por si mismo. Para el economista, lo que sí parece estar en discusión, es el "proceso histórico paulatino donde el Estado empieza a recuperar lo que había perdido", como lo hizo con las AFJP respecto del "patrimonio de los jubilados".
Los fantasmas que el monopolio crea en su construcción mediática de la realidad, intentando vanamente de generar mal humor en una sociedad que ya no le da crédito, en realidad esconden la información sobre las empresas donde el Estado heredó una participación accionaria y no hubo ningún problema para designar un director, como fueron los casos de las empresas Telecom, y Aluar", entre otras. Este concepto lo señaló claramente el ex director de Le Monde Diplomatic, Ignacio Ramonet, cuando en el Foro Social de San Pablo dijo: “una información sirve para ocultar otra información”, es decir, para desinformar.
Denuncia
Para hacer valer los derechos de los futuros jubilados, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realizó una presentación judicial contra la empresa Siderar, por la “presunta comisión de irregularidades” en la última asamblea de accionistas, que imposibilitó la incorporación de representantes estatales en el directorio de la compañía.
Pero también desde el organismo, su titular Diego Bossio, dijo que el Estado, como accionista minoritario, “quiere participar en el directorio, participar en la formulación de las políticas de honorarios, de reparto de dividendos, sugerir inversiones y contribuir a que le vaya bien a cada empresa, porque ello sube el valor de las acciones e incrementa los recursos de los argentinos”.
Destino incierto
También Bossio se manifestó dispuesto a "terminar con las arbitrariedades” que se observan en algunas empresas donde la ANSES tiene invertido mucho dinero, como en Siderar, donde el Estado argentino participa con el 25,97% de su capital accionario, que representa un aporte de 2.700 millones
de pesos.
Bossio dice que Siderar pretende repartir dividendos por sólo 1.500 millones de pesos, pero que hay otros 6.500 millones de pesos sobre los que “no dicen que destino le van a dar”, aunque aclaró que no se oponían a que se distribuyan esos beneficios sino que se oponían a que “no se cumpla la ley, que establece la obligación de explicarle a los accionistas que van a hacer con esos recursos, y en este caso una parte de ellos es de todos los argentinos”.
En la última asamblea ordinaria de Siderar, la ANSES solicitó la designación de tres directores en base al capital accionario que tiene en su poder, pedido que no fue considerado, hecho que determinó que el órgano de control de las sociedades anónimas, la Comisión Nacional de Valores (CNV) decidiera declarar "irregulares e ineficaces a los efectos administrativos" las decisiones de la asamblea de directorio de Siderar.
La empresa del Grupo Techint, consideró sin "validez" la resolución de la CNV por lo que todo ahora quedó en manos de la Justicia.
La platita de todos
Además del capital accionario que posee en Siderar (25,97%), la ANSES cuenta con acciones en: Banco Macro (30,90%); San Miguel (26,96%); Gas Natural BAN (26,63%); Consultatio (26,62%); Edenor (26,41%); Distribuidora de Gas Cuyana (26,12%); Telecom Argentina (24,98%); Transportadora de Gas del Sur (23,10%); Grupo Concesionario del Oeste (21,56%); Mirgor (21,54%); Emdersa (20,96%); Grupo Financiero Galicia (20,44%); Imp. y Exp. de La Patagonia (20,24%); y Molinos Río de La Plata (19,99%).
También posee acciones en Pampa Energía (22,48%); Transener (18,78%; Socotherm Americas (18,59%); Solvay Indupa (16,71%); Banco Patagonia (15,25%), Endesa Costanera (13,40%); Camuzzi Gas Pampeana (12,65%); Petrobrás Energía (11,84%); Minetti (11,31%); Capex (10,73%), Euromayor (6,25%), Aluar (9,30%); Clarín (9,00%); Quickfood (8,97%); Metrovías (8,55%); Metrogás (8,13%) y BBVA Banco Francés (7,50%). Participaciones éstas que no le otorgan al Estado argentino, ninguna posibilidad de decisión propia, pero sí como mínimo, la de tener un representante en cada uno de los directorios de estas empresas.
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