Si bien no se habló de ninguno de los proyectos de ley que circulan por la Legislatura, el borrador que maneja el Ejecutivo y que presentará oficialmente en los próximos días parece ser el que mayor adhesión genera entre los implicados.
“Es el proyecto con el que venimos consensuando desde hace meses con el Gobierno y si bien hay puntos que se pueden mejorar creo que será la base del que se aprobará”, dijo el titular de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA), Raúl Lamacchia.
El dirigente reconoció que si se prohíben este tipo de emprendimientos creará un problema social, por lo que pidió normalizar la situación para evitar la competencia ilegal. “A partir de 2008 y 2009 ‘las saladitas’ se extendieron al interior y muchos municipios no respetaron la suspensión de 180 días o la ley de grandes superficies”, agregó Lamacchia.
El proyecto oficial (hay al menos otros tres circulan por Diputados y el Senado) tiene el visto bueno de cámaras de comercio y algunos legisladores de la oposición porque impone restricciones a la superficie que podrán tener las ferias de acuerdo a la cantidad de habitantes de las ciudades donde busquen instalarse. Para municipios hasta 50 mil habitantes, el límite será de 500 metros cuadrados; para las de menos de 100 mil, será de mil metros cuadrados y para las de menos de 300 mil, 1.500 metros cuadrados.
Sin embargo, hay un punto a tener en cuenta: las nuevas ferias deberán destinar un 30 por ciento de su superficie a la zona de estacionamiento y otro 40 por ciento a los pasillos, áreas de circulación y baños. Es decir que sólo quedará un 30 por ciento para locales, que no podrán tener una superficie inferior a los seis metros cuadrados.
En ciudades más extensas, las condiciones serán las siguientes: para las de menos de 500 mil habitantes, el límite será de 2.500 metros cuadrados, y para las localidades de más de medio millón de habitantes, el tope será de 3 mil metros cuadrados. Y en todos los casos sólo se podrá instalar una feria multipunto por municipio, con excepción de las que ya están funcionando.
En este último sentido, las que ya están funcionando en el interior tendrán tres años para cumplir con los puntos de la ley, aunque este será un tema de debate cuando ingrese al recinto.
El prosecretario de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, aseguró que la ley “será un caso testigo” para todo el país y pondrá “un poco de orden” en un sector de la economía que se encuentra debido a la falta de normativas “bastante desordenado”. Según el dirigente esa cuestión debe controlarse desde el Estado “porque además de ser una competencia desleal para el comerciante que está instalado, que está inscripto y paga sus impuestos, el resto de estas ferias informales no lo hace y eso no es bueno porque estamos nivelando para abajo”. (DIB)
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