La medida está en línea con lo dispuesto por el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, que ya había “liberado” a 450 uniformados que se desempeñaban en la sede ministerial, a los que se suman 300 agentes que fueron reemplazados por penitenciarios y a otros 300 que dejaron de custodiar presos que fueron trasladados de comisarías a cárceles.
Así, serían en total unos 3.150 los efectivos que a fin de año habrán dejado de cumplir con tareas de administración en las comisarías si se cumple el cronograma oficial anunciado . En esas dependencias, el trabajo administrativo se vio aliviado con una medida por la que ya no se realizan allí actas de choque, certificados ni exposiciones.
Con todo, fuentes oficiales dijeron que los trabajo de administración aún requieren el trabajo de un número “importante” de efectivos, que por eso no pueden dedicarse a tareas directas de prevención, patrullaje y represión del delito. Otras fuentes dijeron a esta agencia que en esa situación se encuentra más del 50 por ciento de los 54 mil efectivos de la Bonaerense.
Los nuevos agentes civiles, que se encargarán, entre otras tareas concretas, de recibir las denuncias, deberán contar con estudios secundarios concretos y tener entre 18 y 35 años. No portarán armas, aunque se incorporarán al escalafón policial, y para desempeñar sus tareas recibirán un curso especial para poder desarrollar sus tareas.
La convocatoria lanzada por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia establece que estos civiles desempeñen tareas en comisarías y dependencias policiales de su zona de residencia.
La convocatoria a los aspirantes comenzará en las próximas horas y los interesados podrán recabar informes si ingresan a la página web del Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense (www.mjys.gba.gov.ar) o por teléfono al 0800-222-6237.
La medida dispuesta por la administración de Daniel Scioli es idéntica a una lanzada dos semanas atrás por el Gobierno de Santa Fe, donde se anunció la incorporación de unos 400 empleados civiles a la fuerza policial, aunque allí se trató de “personal calificado” y el objetivo de la medida está relacionado con mejorar la relación de la policía provincial con la comunidad.
Una medida similar tamboén dispuso la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré,
cuando sacó a los policía federales del sector administrativo y losa incorporó al patrullaje de calles. (DIB)
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