Así lo informó la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, al dar a conocer la decisión de la Cámara Federal ante los recursos interpuestos por los abogados Roxana Piña y Alejandro Carrió, representante de los jóvenes Noble Herrera, contra la orden de obtener ADN con o sin su consentimiento.
La causa está próxima a cumplir 10 años en la Justicia, y en ella las Abuelas son querellantes. “Esto significa que hasta que la cámara de Casación no se pronuncie, los estudios genéticos no podrán practicarse, demorando una vez más la resolución del caso”, manifestaron las Abuelas en un comunicado.
Si bien la Cámara de San Martín había confirmado la realización de los estudios, “una vez más este sistema judicial favorece la dilación de la causa”, añadieron. Ahora la Cámara de Casación tiene 30 días para responder, según lo previsto en la ley.
“No obstante, como en todos los casos, las Abuelas esperamos que finalmente se sepa la verdad y que los nietos que aún esperamos recuperen su identidad”, concluyó el comunicado.
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