El tribunal resolvió enviar a la Procuración General de la Nación una decena de recursos de apelación, que se vinculan con dos temas, presentados por la fiscal general Alejandra Gils Carbó: la política comercial de la compañía y las irregularidades en la gestión.
Se trata de los recursos que impugnaron la decisión de la Cámara en lo Comercial de revocar la designación de un coadministrador judicial en Papel Prensa, que había sido ordenada por el juez Eduardo Malde. También de la apelación contra la resolución que impidió al Estado investigar posibles prácticas de abuso de mercado –la venta de papel a Clarín y La Nación a un precio preferencial–.
Y por último, de las presentaciones sobre el expediente iniciado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), que le negó facultades para declarar la irregularidad e ineficiencia de actos administrativos del directorio de la empresa.
Las causas relacionadas con Papel Prensa que tramitan ante la justicia comercial originaron un enfrentamiento entre la Sala C y la fiscal Gils Carbó, quien sostiene que el tribunal le impide ejercer su control jurisdiccional y sobre la legalidad del trámite judicial. La decisión de la Corte es, en rigor, el paso previo a un fallo.
Hoy, el directorio de Papel Prensa funciona sin directores estatales, pues están suspendidos justamente como consecuencia de una decisión de la Cámara. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, no puede asistir a las asambleas porque está virtualmente destituido también por decisión de los camaristas.
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