(GEI).- Alejandra Gils Carbó, representante del Ministerio Público, Fiscal en el fuero comercial, denunció que los integrantes de la Sala C de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial "desconocen" la Constitución en la causa que involucra a los accionistas privados de la empresa Papel Prensa que monopoliza el papel para diario.
Los camaristas cuestionados emitieron el 11 de marzo pasado una resolución en la que desconocen las facultades de la Fiscalía para intervenir en la causa al tiempo que le niegan a la fiscal el acceso al expediente. La dimensión institucional de esa decisión trasciende los artilugios procesales para afectar la vigencia de los derechos constitucionales.
Según Gils Carbó la reforma constitucional de 1994 estableció que el Fiscal era autónomo, del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo. Al mismo tiempo que estableció que su función era defender los intereses generales de la sociedad. La posición de la representante del Ministerio Público Fiscal puede resumirse en que el conflicto planteado por los integrantes de la sala C del fuero comercial es, antes que con el Estado Nacional, con la Constitución.
"En el fuero comercial el fiscal participa en los procesos que atañen al interés público como una forma de reforzar el control de legalidad. Así lo idearon los constituyentes para mejorar la administración de justicia", explicó.
Gils Carbó enfatizó la necesidad de cumplir con la Constitución Nacional al afirmar que "los jueces no pueden eliminar esa función constitucional a su voluntad, impidiendo al fiscal que peticione ante la justicia. Están violando la Constitución. Los jueces pueden rechazar todos los planteos de la Fiscalía, pero no pueden impedirle peticionar y ver el expediente".
"Gracias a una serie de fallos arbitrarios y nulos dictados por la Sala C, los socios privados de Papel Prensa casi han logrado excluir al Estado del ejercicio de sus derechos de socio en PP" señaló.
La fiscal general agrega que "los directores estatales están suspendidos por una decisión arbitraria de la Sala C y el Estado perdió la mayoría en la Comisión Fiscalizadora dispuesta por decretos que han sido desconocidos por los camaristas".
"La Sala C echó a los representantes del Estado del comité de auditoría. Y no sólo eso, avanzó sobre la competencia del fuero federal y sobre facultades propias del Poder Ejecutivo al dejar sin efecto una decisión del Ministerio de Economía que nombraba al Licenciado (Guillermo) Moreno como representante del accionista Estado Nacional", indicó.
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