(GEI).- La Cámara Federal de San Martín ratificó lo resuelto en diciembre pasado por la jueza Sandra Arroyo Salgado para extraer muestras de sangre o saliva a los hermanos Marcela y Felipe Herrera Noble “con o sin su consentimiento”, para realizar los estudios que determinen si son hijos biológicos de desaparecidos en la última dictadura militar. El abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, querellante en la causa indicó que mantienen “la cautela pero vamos a hacer los planteos del caso para que pueda realizarse el estudio cuanto antes”.
Ahora, la Cámara rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa de Felipe y Marcela contra la decisión que en diciembre pasado había ordenado "la extracción directa, con o sin consentimiento, de mínimas muestras de sangre, saliva, piel, cabello" para realizar estudios en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) que funciona en el Hospital Durand.
La semana pasada los camaristas realizaron la audiencia oral y allí escucharon a los abogados de Marcela y Felipe, Alejandro Carrió y Roxana Piña, quienes volvieron a reiterar la negativa de los hijos de Ernestina Herrera de Noble a someterse a esa extracción, ya sea de manera voluntaria o sin consentimiento. Los hermanos Noble se oponen a que las muestras sean comparadas con el ADN de centenares de familiares de víctimas de la represión ilegal que buscan bebés robados y que está almacenado en el BNDG y solo aceptan el cotejo con dos familias querellantes en la causa penal a cargo de Arroyo Salgado.
La juez de primera instancia había ordenado la toma de muestras biológicas de sangre, saliva o pelo de manera obligatoria en el BNDG, tras recibir un informe pericial que no garantizaba la fiabilidad de muestras ya existentes desde diciembre de 2009 y entregadas voluntariamente por Felipe y Marcela.
Ambos se sometieron a las extracciones bajo la condición de que su sangre y saliva fuese comparada sólo con las de las dos familias querellantes, y en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia. Pero luego la Cámara Federal de San Martín amplió el objeto procesal de la causa para ordenar determinar si fueron apropiados en la última dictadura. Por ello la Justicia busca ahora comparar muestras biológicas de ambos con las miles depositadas en el BNDG por familiares que buscan recién nacidos robados en centros clandestinos de detención. (GEI).
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