La demora en los pagos de sueldos y a los proveedores ha originado un conflicto social que se fue extendiendo semana a semana desde fines de 2010.
Días atrás, la administración de Daniel Sciamaro solicitó -y obtuvo- un anticipo de coparticipación de cien mil pesos destinado exclusivamente al pago de haberes atrasados a los 70 agentes permanentes y a un importante número de eventuales de la comuna.
El conflicto laboral, que produjo una serie de medidas de fuerza por parte de los trabajadores -como cortes de ruta, escraches y marchas por las calles del pueblo-, fue abordado a su vez por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de la provincia, a través de audiencias de conciliación en busca de acuerdos y propuestas tendientes a solucionar el problema.
Los trabajadores llegaron a pedir a las autoridades provinciales que intervengan la comuna, en virtud de lo previsto en la ley orgánica de municipios y son varios los legisladores -especialmente del oficialismo provincial- que barajan esa alternativa aunque no se haya presentado proyecto alguno.
En los últimos días se conoció la decisión del juez penal de Melincué de designar un perito contable para que corrobore detalles de una auditoría realizada por el gobierno provincial a pedido de varios legisladores. El escrito concluye admitiendo que hay figuras de malversación de fondos y de peculado.
A esta situación se habría arribado por una mala administración de recursos y al confuso uso de fondos públicos en cuentas particulares del propio presidente comunal y familiares directos. Por otra parte, desde distintos sectores políticos se señala un presunto problema de ludopatía en el dirigente comunal.
El último jueves las dos cámaras legislativas expresaron su preocupación por la situación institucional de Hughes y la resolución del Senado le solicita al Poder Ejecutivo que evalúe la factibilidad de disponer en forma inmediata una intervención contable a fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos salariales. En tanto, en Diputados se solicitó el envío de todas las actuaciones administrativas realizadas en la comuna.
En ambas cámaras se analizó la posibilidad de solicitar al Poder Ejecutivo que remita un proyecto disponiendo la intervención, figura prevista en la legislación vigente y que en el actual período de Sesiones Extraordinarias pueda ser adoptada por el poder administrador para su posterior convalidación por el Legislativo.
Más allá del desenlace institucional que tenga la situación, es indispensable garantizar la paz social en esa población. En este sentido se sugiere el seguimiento de los fondos públicos para evitar cualquier desvío que pueda incrementar el actual conflicto que -por su gravedad- resonó en toda la provincia.
| 
