Fuentes judiciales aseguraron que la fiscal de instrucción 6 de Pergamino, Patricia Fernández, está analizando los CPU y la documentación secuestrada en las oficinas de la Jefatura Departamental de esa ciudad, donde se cree que era el centro de operaciones de la organización.
La fiscal Fernández indagó en las últimas horas al oficial Carlos Ortega, quien fue detenido en el marco de la causa, pero se negó a declarar, tras lo cual seguirá detenido.
Fuentes judiciales dijeron que Ortega era un eslabón más en la cadena de la presunta asociación ilícita, y, si bien en los papeles prestaba servicios en la comisaría 2a.de Pergamino, su lugar de trabajo estaba en la Jefatura Departamental, junto al ex jefe el comisario mayor Miguel Pocovi, quien permanece prófugo.
Precisamente, para los investigadores, Pocovi era el jefe de la organización delictiva y fue desplazado de su cargo por Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense en febrero pasado. La fiscal aguardaba para las próximas horas que se entregue el oficial Javier López, quien era el jefe de calle de la comisaría 2a.de Pergamino. Además, permanecen prófugos el subcomisario Guillermo Gómez y el oficial principal Mario Guareschi.
Los investigadores creen que los policías conformaban una asociación ilícita que extorsionaba a comerciantes, a quienes les exigían dinero para dejarlos trabajar. Entre esos comerciantes figuraban dueños de prostíbulos de ciudades cercanas a Pergamino, a los que les exigían hasta mil pesos por noche para permitirles abrir las puertas, dijeron las fuentes judiciales.
Además, se sospecha que los policías fraguaban los comprobantes de combustibles que debían cargar en los patrulleros. Cuando comenzó la investigación, se creyó que la maniobra era realizada sólo por los camioneros, pero en base a escuchas telefónicas ordenadas luego en la causa se determinó que también intervenían policías, algunos en forma directa.
El primer imputado fue el ex jefe de la DDI de Pergamino, el comisario Sergio Aliani, por encubrimiento agravado debido a su condición de funcionario público, pero debido a que se le concedió la eximición de prisión, nunca estuvo detenido por el caso. Tras avanzar la pesquisa, el juez 2 de Garantías, Julio Caturla, aceptó los pedidos de detención y allanamientos pedidos por la fiscal Fernández, que trabaja en forma conjunta con su par Alejandra Ghiotti.
La fiscal considera al comisario Pocovi "jefe" de la asociación ilícita y también le imputa incumplimiento de los deberes de funcionario público y exacciones ilegales, porque abusando de su cargo pedía "contribuciones" a dueños de boliches de Pergamino y de Arrecifes a cambio de seguridad.
Al resto de los policías se los acusa de los mismos delitos, excepto los de exacciones ilegales, y se les suma extorsión.(Terra)
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