El proyecto, al que se accedió y que el Ejecutivo pretende enviar aproximadamente en un mes a la Legislatura provincial, contiene puntos que dispararán polémicas como el que aumenta impuestos entre propietarios de terrenos sin uso o el que obliga a donar tierras a quienes quieran construir en el futuro countries e hipermercados. Además, reserva para el Ejecutivo la posibilidad de expropiar tierras.
La norma tiene especial interés para el Ejecutivo: había sido anunciada por el propio gobernador Daniel Scioli durante su discurso de apertura de las sesiones legislativas, el 1º de marzo pasado.
Según dijo el titular del Instituto de la Vivienda, Gustavo Aguilera, en líneas generales la norma busca modificar y complementar distintos aspectos de la anacró- nica Ley provincial 8912 que desde 1977 establece los criterios del uso del suelo en territorio bonaerense. De ese modo, el nuevo proyecto busca modernizar los conceptos sobre políticas de tierra, vivienda y hábitat; incorporar herramientas de gestión más dinámicas y generar nuevos recursos a través de la creación de tasas para reorientar políticas de hábitat. "Por ejemplo, la 8912 establece que para escriturar una propiedad en un barrio que se construyó sin proyecto previo está debe tener 10 por 30 metros.
Como muchas propiedades tienen dimensiones muy inferiores no se puede escriturar. Con esta nueva ley buscamos por ejemplo flexi- bilizar esos parámetros", señaló el funcionario. Precisó en ese sentido, que 7 de 10 viviendas de barrios construidos por el Estado no tienen escrituras.
El proyecto establece crear también un Consejo Consultivo Provincial integrado por el Ejecutivo, intendentes y organizaciones sociales para realizar asesoramiento y diagnóstico sobre políticas de hábitat.
MÁS TIERRAS
Frente a la escasez de tierra para destinar a viviendas sociales, y ante el peligro de que esa situación produzca nuevas usurpaciones, el proyecto prevé dotar al Instituto de Vivienda de la potestad para expropiar terrenos que considere adecuados para construir casas, una herramienta que ya tiene la Dirección de Vialidad provincial y la Dirección de Hidráulica. "Esta potestad nos permitiría adelantarnos a una posible usurpación, expropiando en un trámite rápido y efectivo terrenos baldíos, manzanas con pocas casas o fábricas abandonadas. Por supuesto, pagando el Estado al propietario el valor del terreno" explicó Aguilera. La Provincia hoy sólo puede expropiar terrenos para vivienda a través de la Legislatura, un trámite que puede dilatarse por mucho más tiempo.
Además, el proyecto propone generar tres nuevas fuentes de recursos para los municipios:
-Obliga a las empresas que quieran instalar countries, clubes de campo, cementerios privados e hipermer- cados de más de cinco mil metros cuadrados a ceder el 10 por ciento de sus tierras o el valor de las mismas para vivienda social. "Los privados tienen que aportar para que se construya con más equidad y justicia" dijo Aguilera y sostuvo que ese remanente de tierras, o su valor, quedará en manos de cada municipio.
-La norma también establece una mayor presión impo- sitiva (impuestos más altos) para los propietarios de terrenos baldíos urbanos sin uso servidos por cloacas, luz y gas. "Se busca que ese terreno no sea use para la especulación inmobiliaria. Con un impuesto mayor, el propietario puede vender, promoviendo el mercado de tierras; lotearlo y construir; o pagar más impuestos al municipio", señaló el titular del Instituto de la Vivienda.
-Además, se incorpora en la Ley Orgánica de Municipios el cobro de la "plusvalía" que se genera cuando se modifican los usos o indi- cadores urbanísticos, destinando lo recaudado a los municipios para políticas de hábitat. "Por ejemplo, cuando se cambia la zonificación en una ciudad y se revaloriza un terreno, se le cobra al propietario una tasa", dijo el funcionario.
MICROCRÉDITOS
La "Ley de Hábitat Popular", según la denominación oficial, busca reducir el déficit habitacional de la provincia sobre el diagnóstico de que el 70 por ciento de las personas que padecen problemas de vivienda necesitan aplicar mejoras como la construcción o ampliación de dependencias, mientras que el 30 por ciento restante necesita una vivienda nueva.
En ese sentido, el proyecto propone crear una línea de microcréditos a tasa sub- sidiada con fondos que podrían provenir del Banco Provincia o del Ejecutivo a través de Fondo Nacional de Viviendas (Fonavi), punto que quedará para definir en la reglamentación de la ley si ésta prospera en la Legislatura.
"Hoy no hay microcréditos para viviendas sino que todos están orientados a la producción. Con un micro- créditos una familia puede construir una habitación y tal vez solucionar su problema», dijo Aguilera.
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