(GEI)- En una audiencia celebrada en el juzgado federal a cargo de Claudio Bonadío, el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ratificó la denuncia por presunto “vaciamiento” de la empresa Papel Prensa y “administración infiel” -con motivo de la venta de bobinas de papel a los diarios “Clarín” y “La Nación” a un “precio inferior al costo de producción”- cometido por los accionistas privados en perjuicio del Estado. En la misma, el funcionario ratificó “en todos sus términos” la denuncia efectuada a fines de febrero ante la Cámara Federal.
Según trascendió, la presentación se formalizó luego de conocerse informes realizados por la Comisión Fiscalizadora, que llevan la firma de: Daniel Reposo, Agustín Tarelli y Alberto González Arzac. En los informes se manifestaría “el perjuicio económico a Papel Prensa Sociedad Anónima (PPSA) y al Estado nacional como socio” ya que se vende por debajo del costo de producción en lo que califican como “hechos defraudatorios”.
Por otra parte, la "administración infiel” surgiría de “violaciones a los deberes de cuidado del patrimonio ajeno, verificándose también que los miembros del Comité Ejecutivo y el Gerente General de Papel Prensa han incurrido en un ostensible abuso en la realización de sus operaciones de gestión y su labor gerencial, respectivamente, ocasionando todo ello un alto perjuicio económico al Estado nacional”.
De acuerdo con las normas procesales, luego de ésta ratificación de Moreno, el magistrado deberá remitir el expediente al fiscal Carlos Cearras para que dictamine, conforme lo establece el artículo 180 del Código Procesal en materia Penal, si corresponde abrir una investigación penal.
En otro expediente, vinculado con supuestas irregularidades en la venta de Papel Prensa, la Cámara Federal ordenó al juez Daniel Rafecas proseguir con el trámite de una denuncia realizada por el propietario del diario La Razón, José Pirillo. En 2010, en una asamblea de accionistas, se brindaron testimonios, que, según el juez en lo comercial Eduardo Malde, podrían referir la comisión de delitos de acción pública. Asimismo, Rafecas pasó a la justicia federal de La Plata una denuncia por supuestos delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar en la operación de traspaso de las acciones de Papel Prensa por parte de la familia Graiver.
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