Mediante un comunicado, el organismo autárquico provincial aseguró que en las cárceles bonaerenses “se registra hacinamiento, sobrepoblación y saturación de todos los servicios”, y señaló que “esta situación impacta también en un aumento de la violencia y de mayor práctica de la tortura y malos tratos”.
El Comité indicó que en la Unidad 28 de la localidad de Magdalena “se alojan 789 detenidos en 578 plazas”, mientras que en Unidad 35 “encierra 850 personas en 700 lugares”, y la Unidad 8 (de mujeres) “a 54 detenidas en un pabellón con capacidad para 30”.
Sobre la situación en la cárcel de Magdalena, los miembros de la Comisión por la Memoria inspeccionaron el lugar y denunciaron “situaciones graves de hacinamiento, sobrepoblación, violencia institucional y torturas”.
El organismo aseguró que “dos detenidos murieron por peleas permitidas por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en menos de una semana. La misma situación se había constatado en esa Unidad en noviembre del año pasado y un Juez de garantías había ordenado medidas urgentes”.
Tras la decisión del Gobierno bonaerense de trasladar a presos que se encontraban detenidos en las comisarías de la Policía Bonaerense para paliar la situación de hacinamiento en la que se encontraban, ahora el organismo bonaerense informó que ello “provocó un colapso de las cárceles provinciales, donde ahora se agrava el hacinamiento, la sobrepoblación, saturación de todos los servicios y aumento de la tortura”.
“A pesar de que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Relator de Personas Privadas de Libertad de la CIDH requirieron al Estado Argentino que termine con las graves violaciones de derechos en las cárceles provinciales la crisis estructural se agrava cada día”, denunció el Comité, al tiempo que aseguró que el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia “no sólo hace caso omiso a las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos”, sino que “se ubica por encima de la ley, e ignorando una sentencia judicial, ataca la base del sistema republicano de gobierno, que como funcionario público tiene la obligación de respetar”.
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