Los crímenes de lesa humanidad cometidos en Junín durante la última dictadura militar empiezan a recorrer el camino de la Justicia. La Cámara Nacional de Apelaciones Nº 1 confirmó el procesamiento y la prisión preventiva de los siete imputados en la causa que lleva adelante el juez federal Daniel Rafecas.
De está manera, el coronel Ángel José Gómez Pola, los comisarios Abel Oscar Bracken y Julio Ángel Esterlich; el comisario inspector Edgardo Antonio Mastrandrea, el médico policial Aldo Antonio Chiacchietta, el oficial subinspector Miguel Ángel Almirón y el suboficial inspector Francisco Silvio Manzanares, esperaran ser llevados al banquillo de los acusados entre rejas (o por lo menos sin poder salir de sus domicilios). Será un hecho histórico para la ciudad, que tendrá por primera vez juicios por la verdad.
"Para nosotros es más que positivo, porque coronamos el trabajo que se viene desarrollando desde el 2007, cuando se hace la denuncia penal en el juzgado federal de Junín, cuando nace este sueño de justicia", señaló Oscar Farias, promotor de la causa.
Farias empezó a remover y a indagar en el pasado cuando estaba al frente de la dirección de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del Municipio.
Junto a Madres de Plaza de Mayo y los sobrevivientes de los años de plomo, reconstruyó la historia reciente de la ciudad, escrita con sangre y picanas.
"Todo ese trabajo está dando este fruto, en medio de tanto dolor, pero que empieza a transitar el camino de la justicia", dijo el referente de derechos humanos. "En los próximos meses, abrigamos esa esperanza, iremos a juicio".
Este proceso histórico que está viviendo la ciudad, acompañando al resto del país, se da en el marco justo, ya que tanto la Nación, como la Provincia y el mismo municipio se manejaron en la misma sintonía en esta situación.
Por eso Farias destacó a la gestión de Meoni en este sentido. "Nos dejaron trabajar libremente, sin condiciona- mientos de ningún tipo".
Con una veintena de testigos sobrevivientes, que día a día recuerdan los tormentos físicos y psíquicos perpetrados por los torturadores de turco, Junín tendrá de una vez por todas un poco de justicia.
"Sólo falta la condena legal, porque la condena social ya la tienen", remarcó.
En total la ciudad pedió durante la dictadura a "35 hijos, tres de ellos en la ciudad. Hay muchos dolor, mucho por contar. Y está es una gran oportunidad para hacerlo ante un tribunal".
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