El gobierno de la provincia de Buenos Aires basa su política de seguridad en la mano dura hacia los sectores excluidos y en la autonomía policial, y es por lo tanto el responsable político de los hechos trágicos de José León Suárez.
La Comisión por la Memoria ha reiterado que esta política de autogestión policial no sólo expresa una concepción que rechazamos, por el pacto que implica con la corporación policial, con sus nefastas consecuencias, sino que es ineficaz para la prevención y persecución del delito. Además esa política se sostiene en la pretensión antidemocrática de que los sectores pobres y excluidos –en especial niños y jóvenes– tienen menos derechos y garantías, y los mismos están destinados a poblar las cárceles y comisarías provinciales, sin juicio y por largos años, sufriendo violencia institucional.
Rechazamos que el ministro de Justicia y Seguridad haya salido a sostener la versión policial de los hechos de José León Suárez. Como si fuera el fiscal o un juez, pretende explicar a la sociedad los hechos en la versión que pregona la policía bonaerense, que lo hace con el objetivo de lograr su impunidad. El ministro no cumple con su función de aplicar la ley ejerciendo su autoridad para esclarecer cómo fueron los hechos, cooperando objetivamente con la investigación judicial para satisfacer el reclamo social de verdad y justicia.
Volvemos a exigir una nueva política de seguridad pública basada en el gobierno civil de las fuerzas de seguridad. Reiteramos el reclamo de la creación de una policía judicial dependiente de la Procuración de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, y la iniciación de un proceso de reforma profunda de la policía bonaerense que la depure de sus concepciones autoritarias perjudiciales para los ciudadanos de la provincia.
Los crímenes de estos jóvenes no son hechos aislados, sino que se inscriben en los hechos cotidianos que ocurren en las comisarías, cárceles e institutos, con nuestros niños y jóvenes. Este tremendo suceso es sólo una derivación más de la política que cuestionamos. Cambiar esta política de seguridad permitirá consolidar la democracia, mientras que seguir sosteniéndola infligirá nuevos sufrimientos a las mujeres, niños y varones de nuestra provincia, en especial en los cuerpos y almas de los que menos tienen.
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