Los diarios pymes subsidian el papel y las ganancias del monopolio mediático

Por Jorge Déboli. En la información oficial que surge del balance de la situación empresaria de la única fábrica de papel para diarios en la Argentina, elaborado por la Sigen sobre el período 2010, claramente se desprende que los diarios pymes de nuestro país, con el precio que pagan por este insumo básico, subsidian el precio que pagan los diarios accionistas de Papel Prensa....

Esto es así, porque si bien aún rige la resolución 1/2010 de la secretaría de Comercio Interior, que obliga a Papel Prensa a vender a todos los diarios de la argentina al mismo precio que compran sus accionistas privados (Clarín y La Nación), las utilidades que determina el balance auditado por dicho organismo de control, vuelven a estas empresas como una virtual bonificación del precio que pagan por el papel que usan.

Con este esquema de funcionamiento de Papel Prensa, no sólo está en juego “la plata que el Estado argentino no recibe como accionista desde hace 32 años”, si no que, como se viene denunciando desde Dypra, el manejo monopólico de la producción y comercialización del papel para diarios en todo este tiempo, lesiona seriamente la Libertad de Información de los medios gráficos del interior del país, al no poder estos comprar el papel suficiente para entregar todos los contenidos que el lector se merece.

Más grave aún, esta restricción que impone el precio del papel a los diarios ha limitado seriamente el derecho de los lectores a informarse a través de la mirada del medio local, básicamente del segmento de la información nacional, la que deben relegar en beneficio de los noticieros de TV y diarios editados en la Ciudad de Buenos Aires.

En tal sentido resulta necesario que ni bien comience el período legislativo en el Congreso Nacional, los representantes de todos los partidos políticos elegidos por sus comunidades, primero aprueben el tratamiento del proyecto de Ley que declara de Interés Público la producción y comercialización de papel para diario -ya con dictamen favorable en Diputados-, y luego la norma regulatoria que debe garantizar la democratización de la palabra escrita en la Argentina.